El historiador Rafael Torrech San Inocencio alerta sobre los criterios de elegibilidad que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha estipulado para los servicios de salud dirigidos a enfrentar el COVID-19. ¿Se extienden al tercer sector?
Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé
El trabajo extra o ajustado a las necesidades actuales, que realizan las organizaciones sin fines de lucro, podría pasar bajo el radar de las autoridades gubernamentales ante las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus y el toque de queda.
Y las organizaciones sin fines de lucro no solo pueden ser un aliado efectivo para alcanzar con mayor precisión a las poblaciones que sirven, sino que además podrían beneficiarse de los fondos federales destinados a atender la crisis de salud provocada por el virus que al momento está presente en 169 países.
Así lo advierte el doctor Rafael Torrech San Inocencio, historiador que precisamente hoy viernes, a las 3:00 p.m., amplió la discusión en el webinar gratuito Elegibilidad para el apoyo de FEMA durante la crisis COVID-19. El mismo contó con el auspicio del Center for Puerto Rican Studies del Hunter College en Nueva York; del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Comunitaria; del Puerto Rico Science, Technology & Research Trust; de Hispanic Federation; DECEP-UPR; Programa del Estuario de la Bahía de San Juan; y MicroJuris.
En el webinar se evaluó la flexibilización de requisitos para accesar fondos federales y sus nuevas opciones de elegibilidad.Torrech indicó que la Oficina del presidente Trump emitió una circular a los jefes de agencia federales (M-20-17) para flexibilizar los requisitos de cumplimiento de las subvenciones de fondos federales, lo que podría representar la oportunidad para el tercer sector de administrar nuevos fondos para tales fines sin que se perjudiquen los que al momento reciben.
Torrech señala que una circular previa (M-20-11) establece aún mayor flexibilidad si estos servicios o investigaciones son necesarios para atender la emergencia.
Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores, la disposición federal establece que las organizaciones sin fines de lucro tienen que trabajar “bajo la dirección y orientación de los funcionaros de salud pública” y estar enmarcadas “en sus planes de emergencia”. Así que, para formalizar el proceso, el gobierno debe incorporar a las organizaciones sin fines de lucro en sus planes de respuesta ante la pandemia. A este jueves, el Departamento de Salud había confirmado 64 casos de coronavirus en Puerto Rico y la gobernadora extendió el toque de queda hasta el 12 de abril.
“Este sería el tercer desastre que enfrentamos”, dice Torrech, quien agrega que tanto en los huracanes Irma y María, así como en los terremotos del pasado enero, las organizaciones no gubernamentales podían hacer diversas tareas reembolsables por fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“En este en particular, que es un tipo de desastre diferente porque no es físico, la forma en que está redactada la declaración de emergencia y las instrucciones de FEMA dicen que las organizaciones sin fines de lucro son elegibles, sin embargo, para una categoría solamente que son ‘medidas de emergencia’”, añade.
La circular enumera los servicios a brindar como operación de centro emergencia, atención médica de urgencia, refugio médico, refugio y confinamiento de mascotas, compra y distribución de alimentos, agua, hielo, medicamentos y otros suministros, traslado de suministros y búsqueda de rescate, entre otros.
| “Quizás en una situación normal la tarea la harían empleados del gobierno, pero el toque de queda lo cambia todo y la pertinencia de una organización es real gracias a la valiosa red de apoyo y la relación que tiene con las comunidades”. |
“En la forma en que está redactada la circular dice que todo eso tiene que ser coordinado con el sistema de salud pública del Estado y debe ser parte del plan de emergencia para el COVID-19. El gobierno tiene que establecer comunicación con las organizaciones y en la conversación deben establecerse los servicios que realizarían, lo que les aseguraría un reembolso”, explica.
Torrech afirma que al momento múltiples organizaciones ofrecen servicios remotos o directos a sus poblaciones y “aunque como quiera los van a dar, sería bueno tener la certeza de que están dentro del plan del Estado”. “Por eso está la duda de si serán reembolsables por FEMA”, indica.
Como ejemplo, pone la tarea de distribuir medicamentos y alimentos entre personas de mayor edad, para evitar su contagio a una enfermedad ante la cual serían demasiado vulnerables. Si el gobierno destina en su plan de emergencias que eso lo realizarán las organizaciones sin fines de lucro, la operación podría financiarse con los fondos para mitigar la emergencia, y no saldría de las débiles arcas de las organizaciones.
“Algunas asignaciones pueden ser implantadas a través del gobierno, por ejemplo, administrar pruebas médicas junto a personal médico en las comunidades que sirve la organización sin fines de lucro. El gobierno recibe dinero federal para eso y es una tarea que pueden hacer algunas organizaciones, se convertirían en el equivalente de subcontratistas. Quizás en una situación normal la tarea la harían empleados del gobierno, pero el toque de queda lo cambia todo y la pertinencia de una organización es real gracias a la valiosa red de apoyo y la relación que tiene con las comunidades”, pone como ejemplo.
Torrech subrayó que en su interpretación del documento, los alcaldes no están autorizados a tomar la decisión ya que está centralizada en el gobierno estatal, lo que le parece “un error”.
“No es un lenguaje usual que aplicaba en otras emergencias”, asegura.
“A las organizaciones les corresponde llevar el mensaje al gobierno de que, sin poner en riesgo de contagio sus vidas y las de otros, participan de manera coordinada y efectiva en la emergencia y que pueden ofrecer soluciones ingeniosas y rápidas que bien podrían incluirse en el plan de emergencia nacional para el COVID-19”, recomienda Torrech.
Fotos: Archivo FAR / Javier del Valle
