Aprueban ley de incentivos para estudiantes sin hogar

La Ley 123 de este 2020 atiende la fragilidad de alumnos en instituciones postsecundarias que provienen de los sistemas de albergues del Departamento de la Familia.

Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé

El cumpleaños número 18 de muchos jóvenes en la isla marca su partida de los albergues del Departamento de la Familia donde se criaron. Aunque logren ingresar a una institución postsecundaria para cumplir sus metas educativas, muchos quedan a la deriva en situaciones como la pandemia actual al cerrarse los hospedajes universitarios. Es entonces cuando algún vehículo o el sofá en casa de distintos compañeros se convierte en su único hogar. ¿Cómo ayudarlos?

La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud comenzó ha insertar este tema en la discusión pública desde el 2017. Tras el paso del huracán María, vieron cómo jóvenes que habían salido de los albergues del Estado comenzaron a regresar a ellos durante la emergencia. Se dieron entonces a la tarea de documentar la población sin hogar entre 18 y 24 años, de visitar proyectos exitosos en otros países y presentaron una propuesta dirigida a la creación de una ley que establezca incentivos educativos y de apoyo a estos jóvenes que estuvieron bajo la tutela del Estado en hogares de crianza, en una institución juvenil o un centro de detención.

Así surgió la Ley 123 del 15 de agosto de 2020, aprobada por la gobernadora Wanda Vázquez, o la “Ley de Incentivos para Estudiantes en Instituciones Postsecundarias que provienen de Hogares Temporeros o de Hogares de Grupo”.

“Los jóvenes que se quedan en la calle necesitan oportunidades”, dice Marcos Santana Andújar, director ejecutivo de la Red.

“Y para eso hace falta crear un sistema específico que atienda a estos jóvenes en la calle. Un sistema de oportunidades para que después de los 18 encuentren servicios, alimentos, vivienda y orientación en sus asuntos de salud. Nosotros creemos que las organizaciones no forman niños y jóvenes saludables, creemos que las relaciones forman jóvenes fuertes, así que más que transacciones, en las organizaciones sin fines de lucro tienen que darse relaciones y eso es lo que hace nuestro equipo”, añade.

El estudio “Conteo de Personas sin Hogar 2017” destacó que los jóvenes entre los 18 y 24 que salieron de los albergues del Estado quedan desprovistos de ayudas y orientación, por lo que recurren al deambulismo. Los entrevistados en el estudio indicaron que en ocasiones personas le ofrecieron casa, comida o dinero a cambio de favores sexuales.

De otra parte, el Departamento de Vivienda federal estima la población de jóvenes sin hogar en la isla en 484 personas. La nueva ley llegó justo a tiempo porque la pandemia volvió a alterar el curso de sus vidas.

LA LÍNEA CALIENTE

Cuando el COVID-19 paralizó la isla, los jóvenes que solo contaban con el hospedaje como hogar principal quedaron en la calle. Muchos comenzaron a llamar a la Red.

“Mira, que me cerraron el hospedaje y yo no tengo familia porque me crié en el sistema” o “no puedo volver a mi casa porque mis papas son violentos conmigo por mi orientación sexual” fueron algunas de las explicaciones que ofrecían vía telefónica. Se recibieron más de 350 llamadas, según confirma Santana, aunque no todas reflejaban problemas de vivienda.

“Las llamadas fueron para nosotros como una bandera; primero vino el problema y nosotros creamos el hotline para responder a ese problema. Nos llamaron de San Juan, Ponce, Mayagüez, de Gurabo, ciudades donde hay universidades o centros de estudios secundarios. Pero luego, por ejemplo, había jóvenes de 18 años durmiendo en carros en Lares, en Fajardo o en Humacao. Teníamos trabajo en varias vías”, agregó el líder.

La tarea incluía visibilizar el tema, impulsar política pública y dar servicio al mismo tiempo.

Santana advierte que el perfil de jóvenes sin hogar en Puerto Rico no es el mismo de adultos. “Son los egresados de los after school y de los servicios que damos buenísimos, pero cuando llegan a los 18 hay un gap de servicios y eso es lo que la Red quiere atender. Ellos no están debajo del puente de la 65 de Infantería, ellos hacen lo que llaman en Estados Unidos surfing de un sofá a otro”.

Los sistemas de vivienda, federal y estatal, no están especializados en jóvenes y fallan en hacer un conteo efectivo de ellos, a juicio de Santana. Organizaciones sin fines de lucro que trabajaron con ellos saben que existen. “Por eso nosotros estamos dando el servicio a la vez que rescatamos esos datos”.

La Red se dedicó a aprender buenas prácticas de otros proyectos sin fines de lucro en el extranjero que sirven poblaciones similares como The Door, en Nueva York, o Casa María Amor, en Ecuador. Del primero imitaron la práctica de usar fondos para alquilar de forma temporera espacios en Airbnb para albergar los jóvenes que están en la calle en plena pandemia. Acondicionar un centro, particularmente en una vieja escuela, está en agenda.

“Recibimos con alegría inmensa el proyecto que acaba de firmar la gobernadora porque es un proyecto que nosotros propusimos en el 2018 cuando publicamos nuestra guía para crear un fondo que aporte a los jóvenes en la calle, para que pudieran estudiar”, dice sobre la medida que presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Para nosotros es un gran avance de nuestro proyecto de abogacía porque si las organizaciones sin fines de lucro no abogamos, nuestro trabajo no tiene sentido. Falta un montón por hacer, esto es apenas una curita, pero que se hable del tema es bien importante”, señaló.

Cuando en agencias estatales y federales les preguntan cómo logran contacto con una población que puede ser bastante escurridiza, el director ejecutivo de la Red asegura que están presentes en las redes sociales que los jóvenes sin hogar utilizan, aprovechando celulares viejos e internet gratis en plazas públicas.

“El equipo se ha preparado para este proyecto y este es solo el primer fruto porque seguimos trabajando”, anticipa Santana.

Foto Suministrada / Juan Luis Martínez