La Fundación Ángel Ramos creó un fondo de $100,000 para apoyar la contratación de más intercesoras legales en regiones con mayor necesidad de sus servicios.
Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé
El estado de emergencia provocado por el aumento en casos de violencia de género en Puerto Rico, impulsó a la Fundación Ángel Ramos a evaluar espacios en los que su ayuda podría impactar de forma directa a las víctimas de este mal social. Lo encontró viabilizando una mayor contratación de intercesoras legales, recurso que brinda orientación, asistencia y apoyo emocional a las víctimas de violencia en su proceso de búsqueda de ayuda.
El proyecto es gestado por la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) y FAR designó un fondo de $100,000 para apoyarlo.
“El aumento de casos de violencia de género, sobre todo a mujeres, es alarmante. Las situaciones que hemos experimentado en los últimos años -los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID 19- han puesto de relieve la vulnerabilidad de las víctimas de violencia, así como sus efectos en el entorno familiar y comunitario”, dice el presidente de FAR, Roberto Santa María.
“Desde la Fundación estamos aunando esfuerzos para enfrentar la violencia que tanto nos afecta como sociedad. Sabemos que se requiere de múltiples esfuerzos de educación y prevención entre otros, que pudieran ser proyectos a largo plazo. Sin embargo, el objetivo de nuestra Junta de Directores es hacer algo ahora, que pueda tener un impacto inmediato”, expresó.
De las trece regiones judiciales en las que está dividida la isla, las de Aguadilla y Mayagüez presentan mayor escasez de intercersoras legales en comparación con el alto volumen de casos de violencia de género que se manejan. CPM coordinará las ayudas a través de dos organizaciones reconocidas en la zona, Casa Protegida Julia de Burgos, en Aguadilla, y Siempre vivas en Mayagüez.
“Estamos súper agradecidas por este proyecto piloto, tenemos mucho entusiasmo y energía. Esperamos que esta alianza con las organizaciones y la Fundación redunde en un beneficio para las víctimas y las sobrevivientes en esa área”, asegura Vilma González, directora de CPM, una coalición contra la violencia doméstica y agresión sexual integrada por 38 organizaciones y 14 personas.
| “La intercesora ofrece apoyo sicoemocional, explica cómo funciona el sistema, la refiere a servicios necesarios ya sea un abogado o terapia emocional o servicios de vivienda, todas las necesidades que se presentan en el momento en que se está peticionando una orden de protección”. |
Gran parte del donativo va dirigido a viabilizar que haya más intercesoras en zonas con menos recursos y que dispongan de mayor flexibilidad a la hora de ofrecer el servicio. Cuando una víctima pide ayuda a la justicia, está en un momento de extrema vulnerabilidad y necesita de una persona que conozca el proceso y que entienda el alcance del miedo que siente.
“En los últimos años hemos visto la importancia que tiene ese rol de acompañamiento a la víctima al momento de comenzar un proceso judicial. Está probado, lo hemos visto, que en la medida que la persona se siente acompañada y conoce mejor cómo funciona el sistema, cómo se puede preparar, continúa el proceso. De lo contrario se desaniman porque se sienten revictimizadas en un sistema que no conocen. Ese acompañamiento es vital y, por ejemplo, en la región de Aguadilla solo hay una intercesora legal. Sabemos que añadir recursos hace la diferencia y el servicio no va a estar restringido a un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.”, explica González.
Las intercesoras suelen trabajar con organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos para costear los servicios que reciben las víctimas. Cuando se peticiona una orden de protección, el caso también se refiere a una intercesora legal, según lo estipula la ley en la isla desde hace quince años.
“Durante la pandemia los casos han aumentando y muchas de ellas no dan abasto para atender los casos que están llegando. La intercesora ofrece apoyo sicoemocional, explica cómo funciona el sistema, la refiere a servicios necesarios ya sea un abogado o terapia emocional o servicios de vivienda, todas las necesidades que se presentan en el momento en que se está peticionando una orden de protección. No es una asesora legal, no es su rol, pero como intercesora conoce cómo funciona el sistema”, describe.
González insiste en que el primer paso “es la educación, porque podemos dar respuestas más atinadas a las necesidades de las víctimas y de sobrevivientes de violencia de género en el país”. “Y pienso que la educación no solamente es para la persona que está viviendo las situación de violencia de género sino para la sociedad en general. Somos todas las personas las que sostenemos el sistema como funciona, así que si queremos hacer cambios tenemos que empezar por educarnos”, culmina González.
Intercesora(e)s legales, ¿desde cuándo?
La Ley 54 del 15 de agosto del 1989 fue enmendada para añadir un inciso que reconoce la figura de la intercesora legal y estipula sus funciones.
- En cualquier acción civil incoada bajo esta Ley, la parte peticionaria tendrá derecho, si así lo desea, a estar acompañada por un Intercesor o Intercesora, quien le brindará asistencia o apoyo al o a la peticionario(a) en las diferentes etapas del proceso, incluyendo la ayuda con los formularios necesarios para iniciar el mismo.
- El Tribunal autorizará que el Intercesor o Intercesora permanezca al lado de la parte peticionaria mientras ésta preste testimonio. El Intercesor o Intercesora no podrá dirigirse a la parte peticionaria sin autorización del Tribunal. Tampoco podrá interferir en la vista que se lleve a cabo ante el Tribunal.
- La participación de los Intercesores o Intercesoras consistirá en acompañar a la parte peticionaria a las vistas y proveerle apoyo emocional, así como la orientación y asistencia que sean necesarias durante el proceso judicial, sin incluir asesoramiento ni representación legal.
- La petición de acompañamiento podrá ser solicitada a iniciativa del Ministerio Público o de la parte peticionaria.
Fuente: LexJuris
