Ya te contamos detalles de la nueva ley federal, pero ¿cómo la viviremos en la isla?
Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé
El cambio es indetenible. Lo hemos vivido como país y, ahora, lo atestiguamos con la implantación de una nueva ley federal del 2018, Family First Prevention Services Act, mejor conocida como “Family First”, que privilegia la permanencia de los menores con sus familias en casos de intervención por parte del Estado, al tiempo que provee recursos para reconstruir sus entornos familiares.
Bajo los postulados de Family First, cuando un niño o niña sea removido de su hogar, el gobierno contará con recursos económicos para poder impulsar que se mantenga en su núcleo conocido brindándole apoyo a otros familiares mientras se reconstruye su familia inmediata. Antes de esto, el Estado lo removía y solo recibía fondos para atenderlo si era trasladado a una institución residencial. Algunos fondos, como el IV-E, se trabajan por reembolso.
La implementación de esta nueva ley en Puerto Rico ha requerido de cuatro fases y, la última, comienza el 1 de octubre de este año, cuando el Departamento de la Familia debe someter al gobierno federal un plan de prevención sobre cómo atender los desafíos en el ambiente familiar de los menores en riesgo, de modo que puedan mantenerse en ellos. El traslado de menores a instituciones residenciales ya no será una alternativa de referido.
En enero del 2020, el senador José A. Vargas Vidot solicitó a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado investigar la implementación de Family First por parte del Departamento de la Familia y explorar la necesidad de enmendar la Ley 246-2011 estatal o Ley para la seguridad, bienestar y protección de menores, así como la Ley 173-2016, conocida como la Ley para el licenciamiento de establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas en Puerto Rico.
Ya en la Cámara se cocina la Ley 911, que podría convertirse en una versión criolla que se atempere con las propuestas de Family First, pero aún está en desarrollo. Family First propone un cambio drástico en el acercamiento hacia la ubicación de menores cuya custodia posee el Estado.
“El aspecto fiscal no apoyaba que los menores se quedaran con sus familias. En Estados Unidos hay un movimiento que lleva una década abogando por esto, especialmente jóvenes que estuvieron en foster care y tienen un sólido poder de abogacía en el Congreso. Ellos decían ‘yo no quería que me separaran de mis hermanos, que me sacaran de mi escuela’, comenzaron a realizarse estudios sobre el tema y con todo ese bagaje de estudio y presión se empiezan a crear estos proyectos. El gobierno federal entonces dice ‘voy a cortar eso para crear los incentivos correctos’. Ahora los recursos van a estar para la reunificación familiar”, menciona Amanda Rivera, especialista en educación y bienestar infantil.
La decisión podría implicar que los menores no estaban bien atendidos en las instituciones residenciales. Marcos Santana Andújar, fundador de la Red por los Derechos de la Niñez, indica que, en Puerto Rico, la experiencia en su mayoría es positiva.
| “No es fácil, para muchos directores el cambio de paradigma es romper con una idea de algo que construyeron con mucho amor”. |
“Los menores estaban bien cuidados. Los albergues llevan 120 años aquí y no podría yo decir otra cosa distinta, lo hicieron bien y lo han hecho bien con las herramientas que tenían a la mano al momento. Pero, así como ya no son guarderías ni orfanatos, las necesidades han ido cambiando y hay más investigaciones sobre el tema. En Estados Unidos, fundamentalmente esta es una ley fiscal en la que se saca un dinero de un lado al otro. En Puerto Rico nos da la oportunidad de amarrar el bienestar, hay demasiadas investigaciones que indican que el amor del equipo en un centro no es suficiente, al menor le hace falta un sistema de apoyo y donde mejor está es con la familia”, explica Santana.
Los fondos de Family First estarían destinados a potenciar la reparación y el fortalecimiento familiar.
“La Red quiere aprovechar para promover una ruptura en el sistema y la estructura como está pensada, para generar un ecosistema de servicios integrados de prevención con base en la comunidad”, añade.
Si bien diversos aspectos de la vigente Ley 246 propician que un menor removido permanezca con su familia, nunca ha contado con el espaldarazo económico para que suceda. Con Family First cobrará mayor importancia la Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento de la Familia del Departamento de la Familia.
EN EL AIRE
Family First golpeará con fuerza a las 34 instituciones sin fines de lucro que albergan menores en la isla, las cuales dejarán de recibir referidos por parte del Departamento de la Familia ya que la ley privilegiará el entorno familiar y los hogares de crianza. Contrario a las instituciones, al momento éstos no están regulados por el gobierno estatal. Si el gobierno quisiera mantener la forma actual de manejo de casos en la isla, tendría que dirigir fondos estatales a esta meta.
Santana indica que hace dos años se trabaja la transición de las instituciones a Family First con reuniones periódicas tanto con el Departamento de la Familia como con la Red de Derechos de la Niñez. Al menos 10 de ellas han logrado certificarse como Programa de tratamiento residencial calificado. Cabe señalar que poseer dicha certificación no garantiza que reciban menores en el futuro.
“No es fácil, para muchos directores el cambio de paradigma es romper con una idea de algo que construyeron con mucho amor. La fecha del 1 de octubre no es mágica, no es que no tendrán niños, es que a partir de ese momento el Departamento de la Familia disminuirá las ubicaciones en sus instituciones. Va a ser algo paulatino”, anticipa Santana.
También informa que, con el censo actual en instituciones residenciales, el gobierno asegura contar con suficientes camas para menores en los hogares de crianza.
Una vez más, el tercer sector tendrá las manos llenas. Lo que en principio parece un despojo de tareas, puede transformarse en diferentes vías de asistir el proceso de adaptación de los menores y de fortalecimiento tanto de las familias afectadas como de los familiares que se harán cargo de éstos.
“No continuarán como instituciones residenciales, pero ellas tienen un conocimiento, unas experiencias y capacidades que pueden reutilizarse. Eso toma tiempo y hay que ver cómo se trabaja con ellas para que se reinventen porque habrá muchas necesidades. Por ejemplo, los hogares de crianza en Puerto Rico están bien subdesarrollados, hay que adiestrarlos y a las familias que quieran traer niños”, recomienda Rivera.
La especialista recuerda que el 1 de octubre el Departamento de la Familia debe tener listo un plan sobre qué servicios ofrecerá para evitar que los niños tengan que ser removidos de sus hogares.
“Family First solo cubrirá los servicios con familias en las que se haya levantado alguna bandera”, indica y más tarde agrega, “hay un trabajo que se tiene que hacer todavía de estimar cuánto tiempo tomará estabilizar los hogares de crianza y qué recursos van a recibir; están los recursos estándares de IV-E que permite eso. La transición creo que tardará un año o año y medio”, señala sobre el escenario en la isla.
También tomará tiempo que el Departamento de la Familia, a todos sus niveles, cuente con el personal suficiente para realizar con agilidad los nuevos procesos y, más que nada, que puedan ser capacitados en Family First.
¿Cómo lo vivirán los menores? “Es otro duelo, es la revictimización de los niños desde el sistema. Ellos no necesariamente entienden este contexto, es un trauma sobre el trauma que han vivido, van a requerir ayuda adicional”, advierte Santana.
El desafío ya está aquí y propone cambios de raíz. Veremos la respuesta activa del tercer sector para armonizar sus conocimientos con un futuro desconocido y repleto de oportunidades.
