La nueva ley federal cambia la postura del Estado ante los menores que son removidos de sus hogares, ya que ahora prevendrá la separación de las familias.

Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé

Primero conozcamos la ley y el nuevo vocabulario que trae consigo. Family First Prevention Services Act o “Family First” es una ley federal dirigida a prevenir la separación de familias que alcanza al Departamento de la Familia (DF). Para lograrlo proveerá servicios informados en trauma en áreas de salud mental, abuso de sustancias, destrezas de crianza en el hogar, así como programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores, promoviendo que los menores permanezcan en sus hogares o con familiares, siempre que sea posible.

Destaca en su descripción que los servicios ofrecidos son basados en evidencia, lo que es descrito como la integración de las mejores prácticas basadas en investigaciones, el conocimiento de los expertos, la cultura, los valores, las características y opiniones de los participantes.

A través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), el DF creó un comité timón que reúne a otras agencias gubernamentales que además serán impactadas por esta ley federal como el Departamento de Salud, de Corrección, de Justicia, de Educación, de Vivienda, la Policía de Puerto Rico y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

Para viabilizar una transición adecuada, el DF ha convocado además el conocimiento y el apoyo de organizaciones de base comunitaria y sin fines de lucro como Foster America, Casey Family Programs, The Annie E. Casey Foundation, Universidad Albizu, Instituto Tercera Misión o Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, entre otras.

“Family first’ está basado en unos cuantos principios que han estado ganando momentum y consenso en los pasados años. El principal es que, en las mejores circunstancias, a los niños les va mejor con sus familias”.

La debutante legislación altera por completo el acercamiento del Estado a situaciones de peligro con menores, ya que los recursos gubernamentales están dirigidos a los servicios de bienestar familiar y prevención y no contempla, solo en casos en los que sea estrictamente necesario, la ubicación de menores en hogares de cuidado sustituto. A partir de su implementación, habrá nuevas restricciones en la otorgación de fondos federales que antes estaban destinados a procesos de reubicación y para costear las necesidades de los menores en entornos de cuidado grupal.

El cambio en la ley responde a que, hasta ahora, los fondos para atender a menores en riesgo estaban disponibles solo cuando eran removidos de sus hogares. El programa federal de cuidado sustituto ahora autorizará subvenciones para programas en el hogar basados en destrezas de crianza, de apoyo y acompañamiento al cuidador, así como en la prevención y el tratamiento de salud mental y el abuso de sustancias controladas.

OCTUBRE ES LA FECHA

El 1 de octubre el DF debe tener disponible el plan de implantación de la nueva ley que entrará en vigor ese mismo mes. El apoyo federal para ofrecer los servicios antes mencionados -en vez de remover el menor del hogar- estará disponibles por doce meses.

Aunque Family First se aprobó en febrero del 2018, se ofreció una prórroga de dos años a cada jurisdicción para implantar la ley. Puerto Rico solicitó la prórroga en el 2018 y en enero del 2019 constituyó el comité antes mencionado y se comenzaron los trabajos de planificación. La implementación debe ocurrir este octubre que se avecina.

Durante el webinar “El rol de la filantropía en la implementación del Family First Act: una oportunidad para fortalecer el ecosistema de servicios integrales para las familias y la juventud en Puerto Rico”, los participantes discutieron distintas vertientes de la nueva ley. Los panelistas fueron: Mary Bissell, de Childfocus; Karina Jiménez Lewis, de Annie E. Casey Foundation; Jorge Cabrera, de Casey Familiy Programs y Marcos Santana Andújar, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Amanda Rivera Flores fungió como moderadora.

“Family First está basado en unos cuantos principios que han estado ganando momentum y consenso en los pasados años. El principal es que, en las mejores circunstancias, a los niños les va mejor con sus familias. Y lo que la investigación nos dice es que cuando ese menor tiene el escenario familiar, sus pertenencias, el apoyo tanto familiar como de la comunidad y la consistencia, esa es su mejor oportunidad de prosperar. El cuidado en albergue debe ser la última opción y, si se usa, debe ser por razones terapéuticas y a corto plazo”, explicó Bissell.

La especialista reconoció además que “el sistema” está tratando de romper con la antigua creencia “de que los niños deben ser removidos de sus familias”. “Esa visión anticuada no puede tener espacio en el nuevo discurso”, aseguró Bissell, “es una oportunidad increíble y un increíble cambio en política pública federal porque por primera vez está abriendo el título IV-E para proveer fondos fuera de la remoción del menor del hogar”.

Un nuevo estilo reclama nuestra acción y atención; quedamos convocados a revisar cómo podemos insertarnos en el cambio que ya toca a la puerta.

Te invitamos a conocer más sobre la nueva ley en su portal: https://familiesfirst.pr.gov

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