Donativos legislativos: incertidumbre anual para el tercer sector

Durante la segunda semana de noviembre, las organizaciones sin fines de lucro que solicitaron estos fondos todavía no tienen certeza de si los recibirán, y ya se afecta su labor.

Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé

En este año 2023 el proceso no ha tenido comparación. Si bien las organizaciones sin fines de lucro se han acostumbrado a que los donativos legislativos se adjudiquen en el último minuto de la sesión legislativa y a que su desembolso también se demore, este año ha rebasado experiencias previas lo que ya incide en su desempeño.

El calendario marca la segunda semana de noviembre y las organizaciones sin fines de lucro solicitantes ni tan siquiera conocen si recibirán fondos en este ciclo, aunque la partida de $20 millones fue aprobada en el presupuesto legislativo certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado verano.

Anualmente, tanto la Cámara como el Senado disponen de $10 millones que se distribuye entre organizaciones sin fines de lucro que cuenten con los debidos requisitos del Estado y pasen el cedazo de la Comisión especial conjunta de fondos legislativos para impacto comunitario, que somete sus recomendaciones a ambos cuerpos. La presidencia de la comisión se alterna y, en este 2023, recae en el presidente del Senado, José Luis Dalmau. La comisión es liderada por Vivian Márquez Figueroa.

Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, mencionó en entrevista publicada en El Vocero el pasado julio, que el número de organizaciones sin fines de lucro que solicitaron donativos legislativos superan los 600 y sus peticiones sobrepasan los $90 millones. Solo cuentan con $20 millones para repartir, como ha sido la costumbre por los últimos siete años, según explicó. Santa agregó que en el primer presupuesto legislativo que se le presentó a la JSF se incluía un incremento de $2 millones a esta partida, pero no fue aprobado.

En el proceso de adjudicación de partidas a las más de 600 organizaciones hábiles para recibir fondos, tanto la Cámara como el Senado deben coincidir en las asignaciones, lo que -a juzgar por la demora- no ha sucedido. Las enmiendas parecen ser interminables. No está claro el criterio utilizado para asignar los donativos legislativos, queda a discreción de los legisladores. El pasado año fiscal también se retrasó la entrega de donativos, por lo que se extendió su tiempo de uso hasta el 30 de octubre.

En entrevista con El Nuevo Día, Ángel Raúl Matos, portavoz del presidente del Senado, José Luis Dalmau, reiteró que la Resolución Conjunta 310 fue aprobada en ambas cámaras, aunque algunas enmiendas siguen bajo la lupa de su oficina.

¿Qué sucede fuera de las oficinas del Capitolio en noviembre de 2023? Las organizaciones sin fines de lucro están en el limbo: no saben si contarán con fondos para este año fiscal, cuánto se les asignará ni cuándo llegará, lo que afecta dramáticamente tanto sus estrategias de servicios como sus ahorros.

SERVIR SIN DINERO PARA PAGAR

“Esto nos drena, es frustrante”, reconoce Celia Galán, directora ejecutiva de la organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI) que hace 46 años orienta y adiestra a padres para que participen activamente en el desarrollo y la educación de sus hijos con necesidades especiales. Con sede en San Juan, la organización subvencionada en parte por el Departamento de Educación federal, ofrece servicios alrededor de la isla.

“Nosotros le proveemos a las familias de niños y jóvenes con discapacidades un intercesor que está presente en sus reuniones en las que se discuten los servicios educativos y de salud que necesitan sus hijos, es un personal altamente especializado para asegurar los derechos de esos niños en el salón de clases o la coordinación de servicios que fueron recomendados por especialistas. Muchos jueces administrativos piden intercesores de APNI presentes en los procesos porque ayudan en la comunicación con los padres”, explica.

Seis intercesores de APNI que conocen las leyes de educación especial, los procedimientos y servicios disponibles, trabajan alrededor de la isla “y hacen una diferencia significativa porque el solo hecho de que ellos estén presentes, cambia la dinámica de la reunión y la forma en que tratan a la familia”.

La falta de fondos amenaza la continuidad de los servicios y la contratación de los intercesores. Galán ofrece un ejemplo que retrata otros en el tercer sector.

“Tengo intercesoras que tenían casos pendientes y cuando los fondos acababan el 30 de octubre les dije ‘no tengo fondos para pagarte’. Una me dijo ‘lo único que te pido es autorización para ir con el sombrero APNI a una reunión en agenda, porque me parte el corazón la familia’. Tenemos un fondo de asistencia única para cubrir necesidades y vamos a tener que usarlo, pero le dije ‘no dejes de atender a esa familia’. Esto es bien estresante porque la familia llega llorando, pidiendo ayuda, tú te comprometes por la necesidad y después dices ‘¿de dónde le pago?””,

La directora recalca que entregaron todos los documentos necesarios y aún aguardan por la determinación del fondo legislativo.

“Este año nos afecta más que nunca porque en años anteriores teníamos la lista con las cantidades de cada organización y te atrevías a pedir que te adelantaran algo en lo que bajaban los fondos y terminaba el proceso, pero esta vez no sabemos si nos van a aprobar y cuánto nos van a aprobar”, dice Galán.

Explica además que el año pasado recibieron 60% menos de lo usual, y les compensaron una porción con los sobrantes anuales que la comisión redistribuye entre las organizaciones que así lo soliciten. Al no contar con el donativo legislativo, además se afecta el pareo de fondos que realizan con los departamentos de Educación y Salud federal, cuyas puertas tocan en busca de apoyo “porque estas familias tienen muchas necesidades”.

“Este año no tenemos idea. Para la quincena que viene, tendremos que usar nuestros fondos de emergencia”, agrega.

“Nosotros les explicamos la situación (a empleados y participantes), pero eso no alivia la necesidad y el sufrimiento de estas familias de no contar con la persona que hace la diferencia en los servicios para su niño. No hay cosa que estruje más el corazón que tener una madre llorando porque lleva seis meses pidiendo asistencia sicológica o tecnológica para su hijo y tu no tengas a quién mandarle a interceder para que eso empiece a moverse”.

Ante la incertidumbre y el impacto en los servicios, Galán espera que quienes dilatan la toma de decisiones sobre los fondos “nunca estén en los zapatos de un padre con un niño con discapacidad mientras ellos deciden a quién le dan y a quién le quitan”. “No hay necesidad de dilatarlo tanto porque la Junta aprobó el presupuesto desde julio y a mediados de noviembre seguimos en estas. Es frustrante”, puntualiza la directora de APNI.

LISTA QUE NO LLEGA

María de Lourdes Ortiz, presidenta del Movimiento Una Sola Voz (MUSV), que agrupa más de 80 organizaciones en el país, lamenta que “ha habido falta de transparencia en la publicación de la lista de organizaciones que recibirán fondos, en tener acceso a ella”.

“Por lo general, a mediados de agosto o a principios de septiembre había lista. Eso te ayuda a prepararte en tu plan para lo que resta del año, te permite planificar, pero este año las organizaciones ni saben si entraron a la lista”, advierte Ortiz.

La directora agrega que desde el pasado diciembre han tenido reuniones con distintos legisladores para presentar la labor que hacen algunas organizaciones en las zonas que representan y para recalcar la importancia de los donativos legislativos que reciben.

“Ya nos hemos reunido con Juan Oscar Morales, con Víctor Parés, con William Villafañe, con Juan Zaragoza y con asesores de los presidentes de Cámara y Senado. Hemos estado activamente en conversaciones y reuniones con ellos. Necesitamos que la legislatura entienda que las organizaciones necesitan que esa toma de decisiones se lleve a cabo de manera prioritaria”, explica la directora ejecutiva del MUSV y aclara que ellos no reciben fondos legislativos.  

Ortiz señala que el impacto directo de la falta de fondos y la incertidumbre asociada ya es evidente en el tercer sector.

“Se les hace muy difícil a las organizaciones planificar porque haces unas proyecciones de recaudo cuando no sabes si llegarás a esa meta. Eso tiene impacto en tu servicio, se afecta tu salud financiera porque ¿de dónde buscas o adquieres otros fondos que te apoyen en este servicio en particular? En el caso de fondos legislativos, son de los pocos que se pueden usar para cubrir gastos operacionales, desde la renta hasta el salario de los empleados”, afirma Ortiz.

Otra instancia en las que resultan indispensables es cuando se solicitan fondos federales. “Los donativos legislativos también funcionan como pareo de fondos federales así que, al no tenerlos, las organizaciones están perdiendo oportunidades para adquirir nuevas fuentes de fondos”, señala.

Ortiz define el “ecosistema” del tercer sector como uno “bien diverso”. “Las organizaciones sin fines de lucro que llevan mucho tiempo establecidas y son reconocidas, tienen estructuras operacionales que les permiten esperar un poco más de tiempo, pero no es lo mismo que un fondo llegue tarde a una organización con una estructura operacional pequeña; ambas sufren muchísimo, pero de manera distinta. El acceso a otros recursos es limitado para las organizaciones más pequeñas y dependen mucho de esa fuente de fondos”, finaliza la directora del MUSV.