Vital el acompañamiento que ofrece una entidad como APNI

El grupo de intercesoras que la organización Apoyo a padres de niños con impedimentos (APNI) pone a disposición de las familias, impulsa oportunidades más justas de educación.

Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé

La pregunta es constante: “¿quién me ayudará?” Algunos padres solo requieren información y dirección en el proceso de asegurar que sus hijos con discapacidad reciban la atención que por ley el Estado debe brindarles para optimizar su desarrollo. Otros precisan de compañía en el proceso y para eso están las intercesoras de la organización Apoyo a padres de niños con impedimentos (APNI). 

Cinco intercesoras ofrecen servicios costeados por APNI a familias en distintos puntos de la isla. Se trata de personal altamente capacitado en las leyes estatales y federales, así como en los reglamentos que dictan la pauta en la asistencia a la población de educación especial en Puerto Rico. Cuando un padre o una madre llama a APNI, coordinadoras escuchan su problema, le orientan, canalizan servicios hacia las agencias responsables y determinan si requieren de los servicios de una intercesora. Estas suelen escuchar distintas versiones de una misma situación: el DE ha incumplido con algún servicio y no han podido reclamarlo.

“Muchos padres conocen los procesos, pero de todas maneras hay una dificultad en la comunicación con Educación. A veces te dicen ‘dije que iba acompañado de una intercesora y de repente apareció la evaluación que llevo pidiendo hace un año’. Más allá de no tener conocimiento, la traba la pone el Departamento de Educación al negar el servicio a los que tienen el derecho, por eso nuestra labor de intercesoras es importante”, explica Maricarmen Guadalupe Torres, intercesora de APNI hace un año para todas las regiones educativas de la isla situadas en Arecibo, Bayamón, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.

Muchas veces los padres tienen el conocimiento, pero no son asertivos en la comunicación, superados por las emociones. “Te dicen ‘no me salen ni las palabras’. Las intercesoras somos ese apoyo de primero escucharlos, luego apoyarlos en el proceso y ser una voz en esas reuniones. Le sorprendería la cantidad de padres con sentimientos a flor de piel porque no pueden creer que les denieguen tantas cosas, y los ayudamos con ese sentimiento de impotencia”, agrega Guadalupe.

“La dinámica cambia cuando APNI está en una reunión (con alguna agencia gubernamental)”, confirma Celia Galán Rivera, directora ejecutiva de APNI.

“Y lo digo no porque seamos controversiales, APNI todo lo basa en la ley y el personal de APNI conoce cuáles son los procesos para que esos servicios se ofrezcan. Cuando a veces nos llama una familia y te dice ‘llevo tantos meses pidiendo un servicio, una terapia, una evaluación y no me atienden o me dicen que eso no lo paga el Departamento, que no se puede’ y le envío un intercesor que, previo a la reunión, ha leído el expediente de ese niño, las necesidades y las recomendaciones de especialistas, van preparados. No son abogadas, son intercesores que conocen muy bien la ley, los procedimientos y se van a asegurar que, si eso está recomendado por un especialista y está en el programa educativo individualizado de ese niño, el servicio se le ofrezca”, destaca Galán. 

El servicio de intercesoras es subvencionado con fondos de donativos legislativos que otorga anualmente la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. 

“Por eso es tan importante que llegue a tiempo ese dinero para que el participante reciba el servicio; eso hace una diferencia en que un niño esté bien servido y pueda estar en un salón de clases”, expone Galán.

LOS FONDOS EXISTEN
Hace cinco años Flavia Deus Barbosa integra el grupo de intercesoras de APNI.

“Somos consejeros profesionales que orientamos a las familias en los derechos que cobijan a los estudiantes de educación especial”, describe acerca de los beneficios en leyes y reglamentos estatales y federales como la Ley IDEA o el Manual de Procedimiento de Educación Especial, “cuando alguno de estos derechos se ve vulnerado, entramos a orientar a las familias”.  

Muchas veces denegar un servicio no obedece a falta de fondos ya que el Departamento de Educación cuenta con ellos. “No entendemos por qué se niega a brindarlos cuando tienen los fondos, es algo inexplicable porque, por ejemplo, en el caso de los fondos federales, si no se utilizan se devuelven”, lamenta Deus.

Por lo general, los rechazos de servicios están relacionados a contar con asistentes de servicios de apoyo al estudiante, asistentes de enfermería, transportación ya sea por porteador o por guagua escolar y a evaluaciones para recibir terapias recomendadas por especialistas que van desde las básicas hasta equino terapia o acuática, entre otras.

Se trata de las terapias que fueron recomendadas y aceptadas en una reunión del Comité de Planificación y Ubicación (COMPU), que debe reunirse una vez al año, como mínimo, antes de comenzar el año escolar.

“La reunión debe ser en marzo, cuando se determina la ubicación del estudiante: en qué escuela pública o privada, por compra de servicios que pague el DE por necesidad específica, estudiará. Siempre van a estar en la reunión la mamá o el papá, el facilitador del DE que toma decisiones y conoce los servicios, la maestra de educación especial, puede estar también un sicólogo, un trabajador social, alguna maestra de una clase particular. El padre tiene derecho a llevar un intercesor o abogado. También puede estar el director de la escuela, pero no es indispensable", explica Deus.

Las reuniones se realizan en la escuela pública donde está matriculado el alumno y, si se trata de un colegio, en la oficina regional de educación especial.

“Los padres dicen que los tratan mejor cuando hay intercesoras, que no les niegan servicios de manera indiscriminada cuando están acompañados en las reuniones. Si dicen algo que no tiene sentido para negar un servicio, le pedimos que lo pongan por escrito en la minuta”, dice la intercesora Deus.

El escrito es la base para una futura querella que se radica en la Secretaría legal del DE, un proceso administrativo en el que los jueces (que son abogados) revisan la petición y determinan que se resuelva mediante mediación o conciliación. Si no ocurre, pasaría a una vista administrativa.

Por ejemplo, en una reunión de COMPU se determina la necesidad de que el estudiante cuente con una asistente de servicio tipo T1. Se enmienda el Programa de Educación Individualizada del Estudiante (PEI) para incluirlo y el servicio no se presta. El próximo paso es radicar una querella.

“Son muchos los papás que se quitan y se van para Estados Unidos porque no aguantan el sistema. A veces dicen que no es necesaria una terapia porque el estudiante cuenta con salón recurso, pero ese apoyo es en Matemáticas, Español o Inglés, no es lo mismo que una terapia educativa que trate, por ejemplo, la dislexia. La maestra de Educación especial domina muchas cosas, pero hay otras que no son su expertise. Ahí los padres tienen que hacer una querella para que se le brinde el servicio a su hijo”, indica Deus.

 Su empatía con las familias que atiende es máxima ya que ha calzado sus zapatos. Sus hijos Vincent y Dante, de 11 y 6 años respectivamente, requieren de servicios especiales por autismo y problemas del habla.

“Yo he padecido todo lo que pasan estas madres, tengo empatía porque he estado y muchas veces estoy en el lugar de ellas. Es difícil no involucrarse, se establece una relación con la familia que dura con el paso de los años; uno pasa tantos malos ratos que cuando logras el objetivo es como si me pasara a con mi nene”, culmina Deus.

Más información de la gestión de esta organización en Facebook @APNI Apoyo a Padres.

Fotos y vídeo: Javier del Valle