Aprobado en el Senado y en evaluación en la Cámara de Representantes, el Proyecto 1163 viabilizaría el voluntariado en el gobierno.
Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé
La experiencia de voluntariado en organizaciones sin fines de lucro suele ser parte del área
de responsabilidad social de múltiples empresas privadas, esta ley
apuesta a hacer lo mismo desde el gobierno.
Un día de trabajo o una jornada de 8 horas -auspiciadas por el gobierno- podrán ser donadas por servidores públicos a organizaciones sin fines de lucro del país, de aprobarse la “Ley para crear la Licencia Especial para Voluntarios y Líderes Comunitarios”. Presentado por el senador William Villafañe, el Proyecto del Senado 1163 recibió un informe positivo de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción y fue aprobado de forma unánime en el Senado durante una vista celebrada el pasado mes de abril. Ahora será evaluado en la Cámara de Representantes.
La medida dispone que los servidores públicos podrán donar un día regular de trabajo al año, a una organización sin fines de lucro cuyo estatus esté debidamente acreditado por el Departamento de Estado. La ley solamente aplicará a empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.
Las oficinas de Recursos Humanos de cada agencia deben encargarse de viabilizar la alianza laboral con la organización sin fines de lucro y documentar el impacto de la ley en la movilización de voluntarios. De otra parte, la organización no gubernamental certificará la labor del servidor público, documento que permanecerá en su expediente.
La Oficina de Ética Gubernamental tendrá a su cargo la orientación de los servidores públicos para asegurar que sus funciones como voluntarios no representen un conflicto de intereses, por ejemplo, en situaciones en las que la agencia a la que pertenece el voluntario brinde fondos a la organización en la que sirva.
Astrid Morales durante una de las sesiones de trabajo en torno al tema que
se han gestionado a través de Ciudadanía Activa PR.
En su declaración de política pública, la medida destaca que persigue “estimular el desarrollo socioeconómico del país viabilizando y provocando alianzas entre el sector público y privado, de forma tal que se facilite y se sostenga la continuidad de las labores que realiza el tercer sector, fomentando y apoyando el reclutamiento de voluntarios; resaltando el valor que aporta el voluntariado al bienestar común”.
“Esta ley establece por primera vez un incentivo para que los servidores y las servidoras públicas puedan brindar servicio voluntario, muy parecido a lo que está pasando con las prácticas de voluntariado corporativo en el sector empresarial privado. Cuando miramos las tendencias, la mayoría propone un día de servicio voluntario al año. Cualquier iniciativa que incentive la participación ciudadana desde el servicio voluntario es una iniciativa que vamos a apoyar y a celebrar”, afirma Astrid Morales, experta en voluntariado.
La especialista subraya que este tipo de gestión debe estar acompañada de “concienciación ciudadana sobre qué, cómo, dónde y cuándo brindar servicio voluntario” así como de parámetros específicos.
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“En términos generales, la ley es un escalón más que nos puede ayudar a fortalecer el panorama de las organizaciones sin fines de lucro”. Astrid Morales, |
Como recomendación tras evaluar el proyecto de ley, Morales insta a que se defina con mayor precisión “participación voluntaria en organizaciones sin fines de lucro” como se lee en el documento, de modo que incluya “organizaciones sin fines de lucro de base o servicio comunitario”. Propone además categorizar qué tipo de organización se favorecerá. “La ley debe aterrizarse con un manual de procedimientos en la Oficinas de Recursos Humanos y capacitarlas para que puedan ejecutarla”, exhorta.
Morales invita también a que se contemple ofrecer una “capacitación general a todos los servidores públicos sobre qué hace y qué no debe hacer un voluntario”.
“En términos generales, la ley es un escalón más que nos puede ayudar a fortalecer el panorama de las organizaciones sin fines de lucro. Tenemos muchos servidores públicos que son líderes comunitarios, que están en juntas directivas de nuestras organizaciones sin fines de lucro y pienso que la ley va a darle esa licencia de un día para que la use en asuntos oficiales de su rol comunitario”, sostiene.
“Siento que la ley puede devolver la conciencia ciudadana del servicio, que hoy no la vemos en todos los sitios. Me pregunto cuánto ayudará la participación de un día de servicio voluntario bien estructurado -insertándose con organizaciones sin fines de lucro dentro de nuestras comunidades más vulnerables-, a retomar esa conciencia de cuál es el rol del gobierno en apoyar a resolver los problemas sociales del país, más allá de verme dentro de una agencia gubernamental brindando un servicio. Creo que es un buen paso y podemos seguir haciendo más, pero cualquier iniciativa la vamos a celebrar porque nos ayuda”, agrega Morales.
OTRA LEY LE PRECEDIÓ
El éxito de un programa de voluntariado está ligado a factores como el manejo del tiempo,
el pareo del voluntario con la organización y las competencias de cada voluntario a la luz de la
necesidad que ha de manejar, entre otras. En la imagen, Morales ofrece un taller de voluntariado.
No es la primera vez que el gobierno fija su atención en el tercer sector. La llamada “Ley del Voluntariado de Puerto Rico” (Ley número 261 de 8 de septiembre de 2004) definió la política pública relacionada, así como “derechos, beneficios y obligaciones de los voluntarios y de las organizaciones que utilicen sus servicios”.
En su Artículo 6 se ocupó del “Voluntariado en el servicio público” y autorizaba a municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del gobierno a establecer programas de voluntariados. Incluía directrices de colaboraciones entre agencias como Educación, Servicios Públicos, Recreación y Deportes, entre otras. La ley fue enmendada en el 2005, en el 2010 y en el 2017.
“Esta ley tenía un contexto muy particular, fue el primer cierre del gobierno que se dio bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá y se insertaron espacios de voluntariado dentro del gobierno de Puerto Rico. En la administración de Alejandro García Padilla, la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón, tuvo una iniciativa de activar trabajadores sociales retiradas como voluntarios que investigaron miles de querellas por maltrato sin revisar para apoyar en ese proceso”, explica Morales.
Ahora el Proyecto del Senado 1163 se suma para fortalecer el ecosistema del voluntariado en la isla. Sigamos atentos a su rumbo.
Foto / Archivo FAR
