El presidente Trump ha utilizado mecanismos del Ejecutivo para intentar detener los fondos federales aprobados para el año en curso, incluyendo los destinados a Puerto Rico. ¿Están en riesgo definitivo?
Por Tatiana Pérez Rivera :: Oenegé

El tercer sector enfrenta retos específicos ante las nuevas políticas implementadas por
el presidente Trump y la búsqueda de acciones preventivas y proactivas
será clave en el proceso de reacción.
¡Qué días de cambios ha vivido el tercer sector! Todavía no hay total certeza de cómo o cuándo se otorgarán ciertos fondos federales asignados para este año fiscal de los que se benefician miles de puertorriqueños en el país. Hagamos un recuento para entender la situación.
El pasado lunes 27 de enero en la noche se filtró información de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB, en inglés) de Estados Unidos congelaría por dos semanas todos los fondos federales aprobados y en tránsito. El memorando inicial de OMB ordenaba el detente temporero, aunque sin fecha de expiración, de la asistencia federal, para que personal de confianza de todas las agencias del ejecutivo pudieran revisar si cumplían con las políticas públicas del presidente Donald Trump.
Ya el martes 28 de enero el memorando comenzó a circular oficialmente, se trataba de subvenciones y préstamos federales que rondaban los $3 billones -entre los que figuran miles de millones de dólares en asignaciones federales para Puerto Rico.
De estos fondos, ya asignados por el Congreso, nuestro país se beneficia en renglones como educación, salud o infraestructura, por mencionar algunas áreas. Entre los respaldos económicos figuran el Programa de Asistencia Nutricional, las becas Pell, los programas Head Start o de Título 1 de educación, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y las subvenciones del Departamento de Energía para mitigar huracanes o en proyectos que viabilizan el uso de energía solar.
Ante el revuelo que causó la determinación, la OMB debió aclarar poco después que los programas que proporcionan beneficios directos a las personas -como Seguro Social o Medicare- no se verían afectados.
Varios gobiernos estatales y locales, además de organizaciones cívicas como el National Council of Non-profits, demandaron al gobierno federal bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y bajo la Ley de Procedimientos administrativos de Estados Unidos. La jueza Loren AliKhan, del Tribunal Federal de Washington D.C., acogió el reclamo y paralizó la orden presidencial hasta hoy lunes, 3 de febrero. El recurso se concentró en subvenciones activas, el detente no aplica a programas que culminaron en diciembre y no han sido reactivados o a nuevas iniciativas.
El miércoles 29 de enero, la administración del presidente Trump canceló la orden que regularía la congelación de subvenciones y préstamos federales. Sin embargo, funcionarios advirtieron que continuarán frenando fondos por vía de decretos presidenciales, si no consideran que se ajustan a las políticas públicas del mandatario. La agencia indicó que se puede esperar cualquier tipo de cambio relacionado con los fondos, desde cancelaciones hasta disminución.
ANTE UN NUEVO RETO

La licenciada Ataveyra Medina
para el tercer sector, entre otros roles,
y se ha ocupado de mantenerse
orientando al liderazgo de las
organizaciones sin fines de lucro
en el país ante las movidas del
gobierno federal.
El tercer sector enfrenta otro reto ante este inesperado acercamiento a los fondos federales asignados y debe prepararse para nuevos escenarios.
“Este memorando le dio la vuelta al mundo y causó una conmoción terrible porque lo que implicaba era que pagos de grants que están activos se podían detener o incluso cancelar”, explica la licenciada Ataveyra Medina el revuelo provocado por la determinación.
Agrega que las administraciones presidenciales entrantes disponen de procesos legales para revisar los fondos federales. “Tradicionalmente un presidente nuevo entra, tiene espacio para evaluar, pero no es hasta que emite su recomendación para el próximo presupuesto que se hacen los cambios para que el Congreso pueda actuar. Se deja en efecto el presupuesto que el presidente anterior aprobó”, indica.
Puerto Rico y Estados Unidos manejan el tema distinto. En términos generales, aquí, en año electoral, solamente se pueden comprometer fondos -aunque el presupuesto sea del año completo- hasta diciembre del año electoral en curso, en deferencia al próximo gobierno de modo que pueda tomar sus decisiones. En Estados Unidos, el presupuesto se aprueba en septiembre por un año completo.
Cabe señalar que en el presupuesto federal hay dos tipos de gastos: los mandatory spendings y los discretionary spendings.
Los mandatory spendings -por ejemplo, Seguro Social, Medicare o SNAP- son creados mediante ley e incluye sus fórmulas de pago, por lo que el Congreso no tiene que aprobarlos anualmente. Abarcan el 61% del presupuesto federal. En el caso de los discretionary spendings, que componen el 26% del presupuesto federal, incluyen programas que anualmente el Congreso tiene que aprobar. Algunos de los fondos en este renglón abarcan áreas como educación, defensa, veteranos, investigación, transporte, medioambiente y justicia, entre otros.
“Hay una acción congresional en ambos casos, pero es más contundente en el caso de discretionary sprendings”, indica Medina sobre el apartado en el que caen programas como Título I o de educación.
“Muchos de los servicios que el tercer sector da, apoyados con fondos federales, vienen de esas partidas de discretionary fundings y muchas veces tienen que ver con proyectos de política pública de la rama ejecutiva”, agrega.
DEPENDENCIA EN CRECIMIENTO
“No podemos estar solamente en reacción, si no ser proactivos, anticipar cambios y presentar propuestas”. Lcda. Ataveyra Medina |
La licenciada Medina destaca que “Puerto Rico tiene una alta dependencia de fondos federales que ha crecido a través de los años” por lo que diversas entidades “han estado alertando” sobre la baja en ingresos que vienen de nuestro fisco versus el alza en fondos federales, particularmente luego de los desastres naturales”.
“La dependencia de Puerto Rico en fondos federales no es nueva, es una tendencia que ha venido en crecimiento y pone a Puerto Rico en vulnerabilidad porque existen las herramientas en el gobierno federal para hacer este tipo de cambios”, subraya Medina.
“Las implicaciones para el tercer sector son las mismas que para Puerto Rico en este caso. Hay que hacer un trabajo de evaluación interna de tu dependencia o de tus riesgos en cuanto al recibo y uso de fondos federales, evaluar la fuente de esos fondos, las leyes orgánicas de donde provienen, si son discrecionales o si son mandatorios. Ver las órdenes ejecutivas del presidente Trump, el lenguaje que tienen, evaluar las leyes y programas a ver si contienen lenguaje de esa naturaleza para entender el riesgo”, exhorta la licenciada.
Medina puntualiza que, además del análisis, el trabajo de mitigación de riesgos y las alianzas con otras organizaciones para identificar áreas de trabajo común, el tercer sector no debe olvidar, “el trabajo de abogacía con el gobierno y de propuestas con maneras de abordar los retos y provocar cambios en política pública”. “No podemos estar solamente en reacción, si no ser proactivos, anticipar cambios y presentar propuestas”, culmina.
Según trascendió en reportes de prensa, el lunes en la noche la jueza extendió la orden de restricción temporal a los planes del presidente, luego de que organizaciones sin fines de lucro denunciaran que aún no han podido tener acceso a fondos que se les habían asignado.