San Juan, Puerto Rico – Miércoles, 23 de septiembre de 2015 --- Debido a la amenaza que representa para las clases más vulnerables del País el que continúe el deterioro económico, cuatro fundaciones y varias organizaciones sin fines de lucro (OSFLs) comparecieron hoy ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como “amicus curiae” para que se declare válida la llamada ley de “Quiebra Criolla” (Ley Num. 71 de 2014).
El escrito de “amicus curiae” (“amigo de la corte”) fue presentado por la Fundación Ángel Ramos, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Miranda Foundation y Titin Foundation, junto a las siguientes OSFLs: Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc.; Fundación Síndrome Down; Corporación de la Fondita de Jesús; Asesores Financieros Comunitarios, Inc.; Crearte, Inc.; Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS), Inc.; Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis, Inc.; Politécnico Amigó, Inc.; Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc.; y, Proyecto Nacer, Inc.
Las entidades anteriormente nombradas se unieron al recurso de certiorari, radicado por el Gobierno de Puerto Rico el pasado 21 de agosto, con el objetivo de que dicho tribunal revoque la decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y declare válida la ley de “Quiebra Criolla”.
“Puerto Rico atraviesa por una de las crisis fiscales más agudas en su historia. Si nuestra economía continúa en el deterioro que la azota, serán las clases más pobres y vulnerables las que recibirán el mayor impacto de esta grave situación. Las organizaciones sin fines de lucro recibirán aportaciones gubernamentales mucho más reducidas y los donativos del sector privado disminuirán aún más. Esta baja en recursos resultará en una reducción sustancial en los servicios que rinden las organizaciones a los más necesitados”, indicó el Lcdo. Rafael Cortes Dapena, presidente de la Fundación Ángel Ramos.
“Para el Tercer Sector, es imperativo que Puerto Rico regrese a una economía estable y de crecimiento. La reestructuración es un paso importante en esa dirección. Se convierte en un asunto de igualdad ante la ley cuando los ciudadanos y jurisdicciones tienen el derecho a reestructurar su deuda y Puerto Rico no”, explicó el Dr. Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
Acorde con las cifras arrojadas por el Estudio de Organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico 2015, realizado por Estudios Técnicos, más de 700,000 personas reciben servicios de dichas entidades.
Alfredo Martínez Álvarez, presidente de Titin Foundation, Inc., subrayó que: “ante un escenario económico y social tan crítico como el que enfrentamos, la labor de las organizaciones sin fines de lucro es cada vez más importante ya que la situación tiene el efecto de aumentar la demanda por sus servicios”.
La validación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la ley de “Quiebra Criolla” permitiría que las corporaciones públicas del País reestructuren sus deudas mediante un proceso ordenado y, a la vez, que se garantice la prestación de servicios básicos a la ciudadanía. Esto, por entender que sin una estructura legal que atienda la restructuración de la deuda pública, el resultado sería un caos social y económico, en prejuicio de todos los puertorriqueños y, también, para todos aquellos que son tenedores de la deuda de Puerto Rico.
Lourdes Miranda, presidenta y fundadora de Miranda Foundation, expresó que “tenemos un gran compromiso con las OSFLs y con las poblaciones que estas sirven. Confiamos en que la acción que estamos tomando abrirá el camino para una recuperación económica y un Tercer Sector más fuerte y saludable”.
A tono con lo expuesto, los presidentes de las Fundaciones que comparecieron como ‘amigos de la corte’ aseguran que harán lo que esté a su alcance para ayudar al Tercer Sector y al País. “Estamos en tiempos que requieren acciones conjuntas y valientes. Solamente actuando juntos y de manera concertada, vamos a lograr superar esta enorme crisis económica y social que nos afecta. Como instituciones que apoyamos estos importantes proyectos de obra social, somos conscientes de las necesidades que hay en Puerto Rico, por ello nos vemos llamados a tomar acción concreta”, enfatizó el Lcdo. Cortés Dapena.
Las Fundaciones y organizaciones que comparecieron como “amicus curiae” son representadas por el licenciado José L. Nieto, quien ejerce en el campo del derecho comercial y litiga en tribunales estatales y federales. También, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
