Nueva ley
La Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario fue aprobada el 26 de febrero de este año y la primera convocatoria a estos fondos, bajo las nuevas premisas que propone, abrió el 1 de marzo y cerró el 10 de abril.
Veintiún millones de dólares deben arribar a la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Esto, luego de que el pasado 19 de septiembre, el gobernador Alejandro García Padilla firmara una enmienda a la Ley 253-1995, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, que viabiliza la declaración de un dividendo extraordinario que será destinado a crear el Fondo Legislativo para Impacto Comunitario para el año fiscal 2015-2016. Ahora los miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC) deben emitir los dividendos y acordar la distribución entre las aseguradoras. La ley dispone que 50% se asignará para iniciativas gubernamentales, mayormente para la creación del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario. La ASC dispone de un periodo de 45 días para transferir los $21 millones a la cuenta de la Comisión de Donativos Legislativos en el Banco Gubernamental de Fomento.
Solo entonces los fondos serán entregados a las 788 organizaciones sin fines de lucro alrededor de la Isla que cumplieron satisfactoriamente con los nuevos requisitos exigidos. Tan pronto esto suceda, serán depositados electrónicamente en las cuentas bancarias de estas, lo que supone una novedad.
"La buena noticia es que el fondo no se redujo, de hecho aumentó de $20 millones a $21 lo que eleva la conciencia del trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro en el país; sin la sociedad civil organizada el país no sobrevive. Lo lamentable es el retraso en la otorgación de fondos. Ahora tenemos que trabajar el doble de fuerte para que las organizaciones sin fines de lucro reciban el dinero rápido y completo. Hay que evaluar y reembolsar los gastos a partir del 1 de julio", explica Ana María Vidal Cerra, directora ejecutiva de la Comisión que preside el senador José Nadal Power y co-preside el representante Rafael “Tatito” Hernández, sobre los fondos que debieron estar disponibles a partir de la fecha mencionada.
‘Era momento de cambiar el rumbo’
Vidal arribó a dicha comisión para evaluar los procesos de inversión de fondos. "Lo primero que hice fue leerme la ley del 1995 (vigente) y los requisitos no eran uniformes. No teníamos información programática, sólo permisología. Entonces, cómo la Comisión puede asesorar a los legisladores sobre dónde invertir el dinero si no tenemos información de lo programático", cuestiona.
Por otro lado, se percató que la fiscalización de los fondos estaba a cargo de once agencias gubernamentales distintas -como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Educación, de Salud o Familia- a quienes debían entregarles informes y ellas desembolsaban los fondos. Estas agencias solicitaban informes que requerían la misión y objetivo de la sin fines de lucro y así determinaban si eran merecedores de la Certificación de Política Pública requerida.
"Cada una tenía un proceso distinto así que las organizaciones sin fines de lucro tenían una experiencia distinta dependiendo de cuál o cuáles fueran sus agencias custodias", expone Vidal, "el problema más grande que identificamos con las organizaciones era el desembolso tardío de esos fondos, no se le daba el apoyo digno a profesionales que deciden trabajar en la sociedad civil organizada".
Una consulta ciudadana en abril del 2014 tocó a 800 integrantes del Tercer Sector, así como a fundaciones privadas junto al socio científico de la Comisión en la nueva ley, la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. "Nos ayudó mucho el Centro de Investigación Sociomédica del recinto. Allí había especialistas en distintas disciplinas que se enfocan en la evaluación de prácticas con evidencias. Fue un excelente intercambio de ideas con la ciudadanía".
La incongruencia en información, la falta de fiscalización uniforme y la arbitrariedad en la otorgación de fondos se convirtieron en desafíos importantes. Era momento de cambiar el rumbo.
ASÍ ES AHORA
Con las ideas recibidas en las consultas y las recomendaciones de los especialistas se trabajó "lo políticamente viable" en una ley. Los requisitos administrativos se redujeron de 21 a trece y se incluyó la solicitud de requisitos programáticos, plan de trabajo, justificación de necesidad y un presupuesto desglosado, entre otros renglones.
"Eso nos permite hacer una recomendación razonable a la legislatura", indica, "hay objetivos medibles, se solicita un plan de trabajo y se ofrece apoyo".
Un promedio de 250 personas visita mensualmente la oficina de la Comisión de Donativos Legislativos en el Capitolio en busca de orientación. Además, se creó un chat en línea y se realizaron orientaciones alrededor de la isla.
"Este es el fondo más grande y de mayor alcance para el apoyo de la sociedad civil organizada y es único, no existe en ninguna otra jurisdicción norteamericana. Quisimos traer la asamblea legislativa al siglo XXI para que se alinee con las tendencias locales y globales de enfocar la inversión social en proyectos comunitarios y desarrollar también mecanismos de rendición de cuentas", indica la directora y agrega que el año pasado se financiaron 986 organizaciones sin fines de lucro y este año, solo 788 cumplieron con la "rigurosa evaluación de requisitos".
Al final del día, queda a discreción del legislador aprobar la subvención a cada organización sin fines de lucro. Vidal afirma que se reunió con estos y les mostró un análisis sobre las entidades que han apoyado, además se realizaron recomendaciones de otras que laboran en sus zonas de representación. "Fue un proceso de educar al legislador de lo importante que fueron esos fondos para cada organización".
Análisis internos y externos realizados por 19 evaluadores revisaron el cumplimiento cabal de cada punto de la convocatoria.
Una vez al año, las organizaciones sin fines de lucro deberán acudir a la Comisión a firmar su Acuerdo de subvención. El resto de los documentos -como informes cuatrimestrales de gastos programáticos y el plan de trabajo aprobado por la Comisión, entre otros- podrán ser enviados digitalmente.
El desembolso de los fondos corresponderá únicamente a la Comisión. "Nosotros, día a día, transferiremos los fondos a las cuentas de ellos. Aún cuando ahora estamos tarde, buscamos la forma de transferir de cantazo para ir ejecutando y reembolsar los gastos".
La ley debutante fue aprobada por el Senado en octubre y por la Cámara de Representantes en enero. "Analizamos y más del 60% de las recomendaciones de la Comisión a la Asamblea legislativa se avaló".
A juicio de la directora, esta reconoce que a diario las organizaciones resuelven las necesidades que el Gobierno "no atiende o no alcanza".
Frente a los cambios
Tres enfoques programáticos dominaron entre las solicitudes de las organizaciones sin fines de lucro: el fortalecimiento de nuestra cultura (140), el impulso de estabilidad financiera y desarrollo (71) y la promoción de una cultura de vida saludable (577).
"Las que cogieron esto en serio no tuvieron problemas. Vimos resistencia en algunas que consideraban que era un proceso complicado o entre personas que corren estas organizaciones de forma voluntaria y entienden que consume mucho tiempo la papelería. Además, está la brecha digital, pero también hay organizaciones que están acostumbradas a ser favorecidas por los legisladores sin hacer mucho esfuerzo (de mostrar documentos). Este año las instrucciones del Presidente del Senado (Eduardo Bhatia) fueron: 'el que no cumpla con la ley, no va'. A la larga esto es por el bien de las organizaciones, aumenta su competitividad y no podemos invertir de forma aislada, debe ser una trenza de fondos con otras fundaciones privadas. Este año se ha creado una dinámica única de mutuo asesoramiento", afirma quien mantiene conexión directa con la red de fundaciones que apoyan al Tercer Sector en el país.
El escrutinio en torno al uso de fondos no comienza a partir de este año fiscal. La Comisión ha investigado a partir del 2006 y, aunque fue discreta para no identificarla, Vidal afirmó que a inicios de este año se refirió al Departamento de Justicia una organización sin fines de lucro por mal uso de fondos. Otras dos están en la mira.
"Llevamos todo el año entrenándonos y ahora nosotros somos los únicos custodios del fondo", sostiene, "nuestro objetivo es visitar las 788 organizaciones para conocer su trabajo más de cerca. Tenemos cuatro investigadores de campo para lograrlo, tenemos la potestad por ley y las herramientas. Trato de ser lo más informativa posible, cuando no se firmaron los fondos para este año lo comunicamos a las organizaciones. Ellos están temerosos por el asunto de la quiebra, pero no tengo duda de que ese dinero llegará".
A fin de este año 2015 se publicará un directorio con las 788 organizaciones sin fines de lucro aprobadas para que el público las conozca, y en verano se realizará un análisis de inversión. Muchas veces, alerta la directora, las organizaciones realizan a la perfección su labor programática pero en el aspecto administrativo tienen serias lagunas.
"Ellas, casi siempre, lo que necesitan es orientación porque el trabajo por el que nacen lo hacen con pasión", culmina Vidal Cerra.
