Como resultado, el presupuesto general real con el que ahora cuenta el Gobierno es de $9,271 millones, según informó esta semana Luis Cruz Batista, director de OGP, en conferencia de prensa celebrada en La Fortaleza. Se realizaron ajustes en las asignaciones ya autorizadas por la asamblea legislativa por un total de $254 millones, según reportó el diario El Nuevo Día.
Educación, Salud y Bienestar Social, renglones de los que se benefician -mediante asignaciones especiales o vía contratos de servicios- distintas organizaciones sin fines de lucro para atender poblaciones desventajadas del país, sufrieron reducciones que oscilaron entre el 4 y el 12%. Sin embargo, las más golpeadas fueron áreas como Seguridad y aportaciones a los Sistemas de Retiro.
Por ejemplo, el área de Salud contaba con $1,368 millones los que se redujeron a $1,356, mientras que Educación quedó con $2,508 millones de $2,518 que le fueron asignados en principio.
El titular de OGP destacó que los criterios tomados en consideración a la hora de hacer los recortes fue proteger los servicios esenciales, permitir que la operación gubernamental continúe y realizar algunos pagos a sus deudores. "Fue hecha quirúrgicamente", dijo Cruz Batista en la conferencia de prensa.
Así las cosas, el Tercer Sector, que apenas ahora comienza a recibir las asignaciones económicas adjudicadas para este año fiscal que empezó el pasado 1 de julio provenientes del Fondo Legislativo para Impacto Comunitario (conocido anteriormente como donativos legislativos), se enfrenta con nuevas reducciones a partidas que aún no han visto aunque el servicio que ofrecen se ha mantenido. La pregunta es, en estas circunstancias ¿hasta cuándo?
"HAY QUE SER REALISTAS"
José Luis Díaz Cotto, principal oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré, anticipa que "a nivel de todo el sector, a partir del 1 de julio de este año (cuando comience el nuevo año fiscal), habrá una contracción significativa en términos de servicios, de localidades disponibles y de cantidad de población atendida".
"Estoy bien preocupado con el año (fiscal) que viene porque no se ve de otra forma; no es alentador pero hay que ser realista", subrayó Díaz Cotto.
Como ejemplo, puso la organización que lidera. Señaló que OGP les había advertido que de la cantidad aprobada por la Legislatura para el año fiscal actual, les retendrían un 10% que ingresarían en una reserva al igual que ocurriría con un 35% de los fondos provenientes de la Alianza para Educación Alternativa mediante los cuales atienden desertores escolares en cuatro escuelas situadas en Ponce, Guayama, Caimito y Villa España.
"Nosotros hicimos ajustes pensando en la posibilidad de que ni ese 10% ni ese 35% fueran liberados, que no nos llegaran. La mayoría de los empleados fueron impactados en su salario porque se hizo una reducción entre un 15 y un 20% de jornal y a los exentos en salario, aunque trabajaran a tiempo completo. Cuando vino el anuncio de ahora, de OGP nos dijeron que el dinero dejaba de ser reserva y se conviertía en un recorte".
Como resultado, los Centros Sor Isolina Ferré reciben $550 mil menos provenientes del fondo de asignaciones especiales y del de la Alianza de Educación Alternativa. Dado que se habían preparado, le indicaron a los empleados que lo que se había anunciado como medida temporera, ante el nuevo panorama, pasaba a ser permanente por tiempo indefinido.
"Para un recorte tú te preparas, el problema es cuando a eso le sumas que tienes un contrato con el Gobierno, ya ofreciste el servicio, lo facturaste y hace siete meses no lo cobras; es servicio del semestre pasado y nos dijeron que ese pago se va a tardar en llegar un poco más. Esa es mi preocupación", declara Díaz y menciona como ejemplo que el Departamento de la Familia les adeuda $1.4 millones en servicios ya prestados.
"Uno se prepara para un recorte pero no para que no te paguen. El impacto de que no te paguen estas deudas es peor porque es como si no te dieran nada. Esto nos pone en una situación de flujo de efectivo bien peligrosa. Muchas organizaciones sin fines de lucro están en las mismas que nosotros, bregando el asunto del dinero día a día", advierte el director.
Apunta además que, si bien el personal que labora en el Tercer Sector es "bien noble", "hay que pagar sus servicios". "Por ahora nosotros no hemos fallado y hemos pagado la nómina, pero va a llegar un momento en que si el Gobierno no nos paga tendremos que tomar otras opciones porque nuestras líneas de crédito están básicamente llenas", lamentó.
El Tercer Sector llegó al borde del precipicio en estas circunstancias. "Nosotros estamos realizando un análisis bien profundo con nuestra Junta de directores porque desgraciadamente, como se ve esto, tendremos que hacer unos recortes significativos en programas y quizás hasta en consolidaciones de escuelas. Si te dejas llevar por el dinero aprobado dices 'no hay necesidad de hacer tanto cambio' pero cuando vienes a la realidad, se tardan tanto en pagar todo que es como no tener nada", dijo.
Aseguró que no están sometiendo propuestas nuevas al Gobierno y que quien firme contrato con ellos en estos momentos debe contar con capital suficiente para sobrevivir entre siete y nueve meses sin recibir un pago.
"Y eso que hay donantes de la industria privada y hay donantes que todos los meses nos mandan $5 y $10, pero con esa aportación se complementa. Solo con eso no se puede", concluyó.
De alguna forma se podrá. Hallarla ya es urgente.
