Con urgencia se debe dragar el caño para reestablecer el flujo acuático entre la Bahía de San Juan, donde nace, y la Laguna San José, donde desemboca. El proceso demoraría tres años y requiere de una inversión de $600 millones. Además de liberar la zona de la pesadilla de las inundaciones -que han alcanzado hasta el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín- ofrece nuevas opciones a la industria del turismo, ya que se conectaría por completo el corazón de la capital.

La Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña se estableció por ley en el 2002 para educar a los residentes sobre sus derechos. En específico, para diseñar estrategias dirigidas a salvaguardar su permanencia en el área tomando en cuenta sus necesidades, solucionar el problema de la tenencia de las tierras ocupadas en su mayoría informalmente y viabilizar el dragado de forma segura para los residentes. La corporación debe completar su labor en el año 2029, cuando está estipulado que desaparecerá.

Uno de los brazos mediante los que realiza su trabajo es el Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña, establecido como figura legal en el 2004. Dedicado mayormente a identificar vías legales para que los residentes puedan ser dueños de sus casas, mas no así del terreno que pertenece a todos, su gestión les valió este año el Premio del Hábitat que ofrece la Organización de las Naciones Unidas.

Cabe señalar que, de las orientaciones comunitarias surgió la organización sin fines de lucro G-8- integrada por doce representantes de la comunidades y entidades de la zona- que se ha insertado activamente en el desarrollo social y económico de sus vecindarios.

"La ocupación de terrenos se fundamentó en el relleno de humedales para construir viviendas en momentos de crisis económica en el país. Por generaciones, la tenencia de la tierra no se había resuelto, estaba en manos del Estado", explica Lyvia Rodríguez del Valle, directora del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, quien se unió a la iniciativa en el 2001.

"Cuando surge el tema del dragado del caño comienza la preocupación entre los residentes: '¿para quién se va a dragar?' '¿Quién va a disfrutar esto'?", agrega la directora.

El miedo tenía fundamento.

UNA PESADILLA LLAMADA TOKÍO

En los setentas, residentes del sector Tokío enfrentaron la expropiación forzosa por parte del gobierno que aludía a la insalubridad del lugar en Hato Rey. Hoy, en el mismo terreno, vive el Coliseo de Puerto Rico y diversos complejos de vivienda.

"Eso fue lo que nos motivó", acepta Margarita Cruz Morales, residente de la barriada Buena Vista.

"En Tokío no se unieron, no confiaban entre ellos. Pasó también en La Colectora, y ahora está ahí el Natatorio, y a mi familia le pasó cuando los desalojaron en unos terrenos que vivían en Ponce porque los ricachos los querían para hacer urbanizaciones. Yo tenía esa experiencia de niño y uno sigue tratando de aprender para cuando le toque la hora de la verdad saber cómo defenderse.

Somos luchadores comunitarios y queremos lo mejor para nuestras comunidades", insiste, de otra parte, Expedito de Jesús Rosado, quien vive en la comunidad Buena Vista Hato Rey.

La directora del Proyecto ENLACE resalta que la permanencia de las comunidades "es un tema bien importante" entre los residentes que tienen "una cohesión bien fuerte por la manera en que se pobló la zona".

"Desplazamiento y realojo durante el dragado fueron aspectos bien importantes para ellos y ahí surgió el Fideicomiso de la Tierra", explica la directora.

Si bien en los setentas surgieron cooperativas de solares que permitieron a múltiples residentes resolver la tenencia de sus casas al comprarlas mediante préstamos, la mayoría de las familias no ha resuelto el asunto.

Rodríguez afirma que la aprehensión a que "procesos especulativos lograran que el mercado se encargara de desplazar la comunidad", motivó el nacimiento del fideicomiso.  "Había que buscar un mecanismo para que no se nos fuera la comunidad poquito a poquito por las fuerzas del mercado, para que el dragado no fuera un instrumento de desplazamiento", sostiene.

"Hoy día mi casa tasa, digamos 40 mil, una persona te ofrece 60 mil, te llenas los ojos y vendes", explica hipotéticamente Rodríguez, "después te das cuenta que no encontrarás nada por ese precio en el área metropolitana de San Juan, en un lugar tan céntrico como este y vivirás en condiciones de pobreza o te desplazarás a los campos lejos de tu familia. Así no se acaban los círculos de pobreza. El planteamiento del Fideicomiso es que en lugar de que esa riqueza se quede en manos de terceros, la comunidad la aproveche. Una vez el caño se recupere mucha gente va a querer vivir aquí".

Junto a los residentes se exploraron alternativas como el título individual, las cooperativas solares y el Fideicomiso. Ésta última, la seleccionada, presentó la opción a los habitantes en las 200 cuerdas de terreno alrededor del caño que aún no han registrado la tenencia de las casas, de poder poseerla mediante escritura con la posibilidad de venderla, heredarla e hipotecarla. La tierra, sin embargo, pertenece a todos. Cada residente de la zona es integrante del Fideicomiso que cuenta con aliados y colaboradores del sector privado y educativo.

EL AGUA LLAMA

"Cuando llovía era terrible porque lo que es del agua el agua lo reclama. Salía esa laguna por ahí silenciosamente a llenarnos la casa de agua", detalla Cruz Morales.

 Le gustó la posibilidad de mudarse, mediante permuta, a otra casa acondicionada por empresas de la comunidad y el Fideicomiso.

"Nací en Cantera, fui a vivir a Bitumul adentro y ahora llevo dos años viviendo en otra casa en Buena Vista. Ellos me dijeron que me iban a ayudar y no me iban a soltar de la mano. Me gusta y además bajo a Bitumul a cada rato, es cerca, cruzando el puente por debajo. Hay que devolverle al caño lo que es de él", sostiene la mujer que asegura le explicó a su nieta que su generación tiene "el derecho y la obligación de continuar el trabajo nuestro porque si ellos no defienden lo de ellos nadie lo defenderá".

"El Fideicomiso se creó calle a calle y se diseñó desde la base comunitaria", dice segura Rodríguez, "y resulta que estábamos innovando, creando títulos de propiedad en lugares con riesgo de desplazo. Se determinó que la tierra transferida al Fideicomiso no se vende porque la titularidad es de la comunidad".

La escritura de derecho de superficie que han recibido los residentes les brinda, según De Jesús, "seguridad y orgullo". "Uno tiene lo que luchó, uno quiere estar bien, pero si no vela por sus vecinos de qué vale.

Quienes les dicen que no pueden poseer lo que nunca han comprado, ya no les atemorizan. "Los poderosos le dicen a uno esas cosas de forma amenazante pero si usted sabe sus derechos, lo que quiere y por lo que ha luchado usted no debe tener miedo", insiste De Jesús.

ENLACE adquirió algunas estructuras en la zona para alojar a las familias que viven sobre la huella del caño que deben irse durante su dragado. Ya se han realojado 150 familias y 50 más están en camino. La mayoría se queda cerca de sus comunidades.

"Quedan más de 300 desalojos por el dragado y otras 200 porque otros proyectos podrían requerirlo como el trabajo de infraestructura del alcantarillado sanitario", informa Rodríguez.

El dragado requiere habilitar un área para depositar el material que se extraiga, realizar pruebas contaminantes, construir un estacado y estar atento al ruido, las emisiones y hallazgos arqueológicos, entre otros aspectos. Sanar el ambiente es la meta.

"Este es un proyecto de la más alta prioridad. Ya se han identificado fuentes de fondos para llegar a $350 millones. El país está en una situación complicada, así que se requiere de mucha creatividad, pero no es imposible hacerlo", evalúa la tarea Rodríguez quien confiesa "es fácil contagiarse de la energía" de los residentes, los voluntarios y los aliados con los que labora.

"Es un privilegio estar en este escenario de aprendizaje y un honor saber que uno aporta un granito para lograr la meta", acaba Rodríguez para quien el caño parece ser su segunda casa.

 Fotos por Gerardo Alberto Bartolomei