Dicho estudio fue depurado para conocer con mayor precisión la labor que realizan organizaciones comunitarias de impacto social y económico, separándolas del renglón que compartían con hospitales y universidades, entre otras entidades.
El economista Joaquín Villamil, presidente y fundador de Estudios Técnicos y la licenciada Anitza Cox, directora de la división de análisis y política social de la firma, presentaron los hallazgos que permiten reconocer el modo que operan estas organizaciones comunitarias, a quiénes sirven, cómo lo hacen y de qué manera la crisis económica ha afectado sus operaciones.
Las áreas de mayor necesidad en el país que atienden estas son servicios sociales (54.1%), educación (51.6%), salud (44.0%), vivienda (25.2%) y desarrollo económico (25.2%).
Es importante destacar los tres segmentos poblacionales en los que se concentra su gestión: jóvenes (72.3%), niños (62.3%) y personas de edad avanzada (53.5%).
Además sirven personas con impedimentos, desempleadas, pacientes de salud mental, desertores escolares, comerciantes, adictos a drogas, confinados o ex confinados, inmigrantes o población LGBTTQ y transgénero, entre otras.
Fungieron como anfitriones de la presentación el licenciado Rafael Cortés Dapena, presidente de la Red de Fundaciones y de la Fundación Ángel Ramos y José Luis Díaz Cotto, portavoz del Movimiento Una sola voz (MUSV) y principal oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré. El MUSV agrupa 140 organizaciones sin fines de lucro en el país mientras que la Red de Fundaciones hace lo propio con siete fundaciones privadas que apoyan el Tercer Sector.
Villamil destacó el escenario en que operan estas organizaciones en un Puerto Rico marcado por la desigualdad, una tasa laboral bajísima (39.8%), mayores de 18 años que no han completado la escuela superior (26.2%) y familias bajo el nivel de pobreza (42.3%).
“El estudio del cual surge la información presentada hoy se ha hecho en cuatro ocasiones para influir en la Legislación que tenía que ver con la filantropía en Puerto Rico: 1996, 2002, 2007 y 2015. La ley se aprobó, pero el estudio siempre tuvo como punto de partida que Puerto Rico enfrentaba retos sociales y económicos importantes aún en el 1996 y a partir del 2006 se han agudizado por una crisis económica y fiscal aguda”, explicó el economista sobre la Ley del Programa de Asistencia Financiera para Organizaciones sin Fines de Lucro.
“Este estudio va a ser la base para la Red de Fundaciones y el Movimiento Una sola voz ante el gobierno entrante y la Junta supervisora (de Control fiscal) para defender el presupuesto que tiene que ver con aportaciones del gobierno a organizaciones comunitarias de base”. |
Cox, de otra parte, definió para efectos del estudio a estas organizaciones comunitarias de impacto social y económico en el país como aquellas instituidas como corporaciones sin fines lucro, que cuentan con una exención contributiva local o federal, que mantienen relaciones con el gobierno y la ciudadanía y cuyas áreas de servicio incluyen educación, salud, servicios sociales, desarrollo comunitario y económico, vivienda, ambiente, cultura y arte.
“Estas organizaciones sirven a las comunidades más vulnerables de las más vulnerables. Este estudio va a ser la base para la Red de Fundaciones y el Movimiento Una sola voz ante el gobierno entrante y la Junta supervisora (de Control fiscal) para defender el presupuesto que tiene que ver con aportaciones del gobierno a organizaciones comunitarias de base y para lograr un procedimiento más expedito del pago por servicios que ustedes rinden; es para nosotros abogar a nombre de ustedes en beneficio de estas poblaciones”, explicó el licenciado Cortés Dapena.
APORTACIÓN A LA ECONOMÍA
Se estima que 1 de cada 10 personas en Puerto Rico es servida por una OCISE. Este subsector tiene un claro impacto económico en el país.
Cox explicó que el mismo produce alrededor de 50 mil empleos anualmente, el equivalente del 7.4% del empleo privado. Su nómina total es de $1.3 billones y viabiliza $66.7 millones de ingresos por concepto del impuesto sobre el valor de las ventas (IVU).
Su fuerza voluntaria es integrada por 100 mil personas. Sus horas trabajadas equivalen a 6 mil empleos a tiempo completo.
Nuevamente se recalcó la efectividad en la inversión de dinero donado al Tercer Sector y utilizado por este. Las organizaciones ahora estudiadas evitan al Estado costos gracias a la red de apoyo de profesionales con que cuentan. Por esto, por cada dólar que el gobierno transfiere a una organización sin fines de lucro que brinda servicios de Salud, tendría que invertir $7 para proveerlo.
En el campo de la Educación, por cada dólar transferido se necesitarían $20 para proveer un servicio similar.
Varios cambios han sido observados en el subsector como consecuencia de la crisis económica. “Siete de cada diez OCISE han observado cambios significativos en la magnitud de sus servicios y el 40% dice que la demanda por sus servicios ha aumentado”, sostuvo Cox,. “Hay una merma de fondos recibidos por donativos ya que se redujeron un 30%”, añadió.
El tiempo que tardan en recibir el pago por servicios rendidos por parte del gobierno ha representado un problema de flujo de caja para 52% de estas organizaciones no gubernamentales.
“Han tenido que recurrir a una reducción en sus niveles de servicios y al despido de empleados”, agregó Cox.
“Las entidades comunitarias han hecho tremendos ajustes, no solo cortes de gastos, sino en buscar ingresos adicionales. Este estudio nos da la base para además respaldar aquellas instituciones que están promoviendo incentivos para que Puerto Rico pueda revitalizar la economía”, dijo el licenciado Cortés Dapena.
“Si no se respalda el crecimiento económico, por más ajuste que hagan no van a poder ayudarse. Tenemos que reinventarnos y nosotros mismos echar adelante el país”, añadió el presidente de la Red de Fundaciones.
“Necesitamos desarrollo económico pero no un desarrollo económico más desigual”. |
Entre las recomendaciones sugeridas por Estudios Técnicos a las OCISE para mejorar su desempeño está crear conciencia de su impacto en la economía y la sociedad, usar criterios objetivos basados en las poblaciones beneficiadas, uniformar procesos administrativos, mejorar canales de relación con agencias pertinentes al sector público y promover eficiencia y buenas prácticas de manejo en sus entornos.
“Este estudio caracteriza aquellas organizaciones que dan servicios directos esenciales a las poblaciones más vulnerables. Una sola voz está a favor y quiere unirse con los que establezcan la prioridad con esa población. Nuestra razón de ser es nuestra gente. Las instituciones pueden ir, venir, achicarse o hacerse más grande, pero no importa porque lo importante es nuestra gente. Necesitamos desarrollo económico pero no un desarrollo económico más desigual”, puntualizó Díaz Cortés del MUSV.
A preguntas de la prensa sobre el radicado Proyecto 3004, aprobado por el Senado, que propondría una reducción del 15% del presupuesto que reciben las organizaciones sin fines de lucro, ambos directivos se manifestaron en contra. Díaz Cotto exhortó al Gobernador saliente, Alejandro García Padilla, a que “si se llama a otra extraordinaria, que no incluya este proyecto que no incluye a los que más necesitan”.