La semana pasada presentaron a 53 asistentes provenientes del Tercer Sector, el Presupuesto de la Niñez 2018, publicación con información detallada sobre las partidas asignadas a 42 programas gubernamentales que ofrecen servicios a niños y jóvenes en renglones como educación, salud y seguridad, entre otros. El mismo queda a disposición de las organizaciones sin fines de lucro como herramienta de trabajo en la creación de presupuestos o petición de fondos.

La actividad tuvo lugar en la sede de la Fundación Banco Popular en Hato Rey y, al finalizar la presentación, los asistentes trabajaron distintas temáticas en mesas separadas ofreciendo recomendaciones.

Las cifras presentadas están basadas en un informe detallado del análisis de presupuesto realizado por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, titulado Análisis presupuestario de las agencias gubernamentales de Puerto Rico que ofrecen servicios a niños (as). El informe fue dirigido por el doctor José Caraballo Cueto, economista quien contó con la asistencia de Stephanie Rodríguez. La Fundación Annie E. Casey aportó en su creación.

Como hallazgo principal, se indicó que el desarrollo social y económico de la niñez de Puerto Rico, sobre todo aquellos bajo el nivel de pobreza, ha sido trastocado por los pasados cuatro años, tras la reducción significativa del presupuesto destinado a programas en las categorías de Desarrollo Social e Integral (51% menos), Educación (22% menos) y Autosuficiencia Económica (13% menos), lo que limita las posibilidades de que los niños, niñas y sus familias logren realizar un desarrollo pleno y salir de la pobreza.

Se desprende de la investigación que para el año fiscal 2018, el presupuesto recomendado y consolidado para las 140 agencias gubernamentales de nuestra isla fue de $24.5 billones, según se aprecia en el portal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico. El 37% -o $9.1 billones- estuvo destinado a los 42 programas estudiados en la investigación que brindan servicios a niños y jóvenes. Las tres áreas con mayor inversión para este segmento poblacional fueron Salud (34%), Educación (29%) y Asistencia Económica (28%). Las categorías con las asignaciones más bajas fueron Seguridad (0.2%) y Desarrollo social e integral (0.2%).

MAPA DE LA POBREZA

Durante la presentación quedó establecido que el dilema de la pobreza infantil existe en la isla previo al paso del huracán María y que su erradicación, además de apelar al campo de los derechos humanos, también impacta el desarrollo económico tan requerido por el país. Incluso precede la implantación del plan fiscal bajo la Ley PROMESA.

De igual modo, se puntualizó en la necesidad de romper con el círculo de pobreza que condena a los niños que la viven a tener menos probabilidades de graduarse de escuela superior o completar la universidad, mayores problemas de salud y más probabilidades de ser pobres en su adultez.

Cabe señalar que, al 2016, el 28% de los niños viven en hogares de bajos ingresos donde ninguno de sus padres está empleado y que la mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 años es $20,292.

La migración es otro desafío que enfrentan los menores en Puerto Rico, ya que desde antes del huracán familias enteras abandonaron la isla en busca de mejores condiciones de vida y, luego del ciclón, el número aumentó significativamente. Se pronostica que antes de que finalice el 2018 nuestra población perderá cerca de 55 mil niños que se suman al 32% que dejó la isla entre el 2006 y el 2016. La viabilidad económica del país queda, de esta forma, lacerada a largo plazo. 

Se consignó, también, que los múltiples programas que brindan asistencia a los niños y sus familias en la isla -como WIC, PAN, Sección 8, Head Start o TANF, entre otros- dependen en más del 50% del subsidio de fondos federales.

AQUÍ LAS SUGERENCIAS

Entre las recomendaciones presentadas está el reforzar la noción de que las partidas presupuestarias para los programas que impactan a los niños y sus familias sean vistas como inversión y no como gasto.

Mantener los niveles actuales de financiamiento de asistencia económica y estar preparados para adaptarse a medida que surjan necesidades, e invertir fondos existentes en programas con base científica cuando sea pertinente, es otra de las sugerencias.

También, se invita a invertir en la investigación y en la recopilación de datos para determinar la eficacia de los programas y a aumentar las inversiones en programas que sacan a los niños de la pobreza a través de caminos hacia la movilidad económica para padres y jóvenes.

Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva Instituto de Desarrollo de la Juventud, invitó a los participantes a asistir a un panel en el que personas que han utilizado el recurso de la abogacía, evaluarán distintos aspectos para maximizarlo el próximo 13 de abril, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Fundación Banco Popular. El panel responde a que se identificará un día del mes de junio para que organizaciones sin fines de lucro pongan en práctica la abogacía en la legislatura, de cara a la aprobación del presupuesto general evaluado en el estudio para el siguiente año fiscal que entrará en vigor el 1 de julio de 2018.

En un aparte con Oenegé, Rivera Flores destacó que “los niños, como sector, no tienen voz ni voto, así que es bien importante que todos aquellos que estamos trabajando con ellos y cuidando de ellos también ejerzamos esa voz por ellos, y que los jóvenes asumen y usen esa voz; a ellos también les corresponde apoderarse”.

“Estamos trabajando con las organizaciones sin fines de lucro para que entren en ese espacio de defender los derechos y eso incluye insertarse en los procesos presupuestarios. Nosotros podríamos ir en junio a la legislatura a reclamar que no se corten ciertos fondos que impactan a nuestras poblaciones; no necesariamente conversaciones sobre el fondo que me impacta a mi, sino a los niños con los que estoy trabajando y a sus familias”, menciona la directora de IDJ.

La abogacía no solo es para exigir sino también para educar, como explica Rivera Flores, sobre los servicios que ofrecen las organizaciones, el trabajo que realizan y su importancia. “También los medios de comunicación son otro excelente vehículo para que las organizaciones se estén comunicando y viabilizando este asunto”, invitó.

Anticipó la directora que cuentan con audiencias con personas a cargo del desarrollo del presupuesto. “Nosotros esperamos que las recomendaciones que están ahí las empiecen a aplicar para que empiecen a priorizar la niñez, sobre todo porque estamos muy enfocados en el desarrollo económico y tenemos que ver esas partidas presupuestarias como una inversión y no como un gasto”, dijo Rivera sobre reuniones con líderes de política pública.

Si interesa más información sobre los esfuerzos del IDJ para minimizar la pobreza infantil en suelo boricua, escriba un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o visite en Facebook, IDJ.PR, o su portal www.juventudpr.org.

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