En la actividad quedó establecida la frágil situación económica de organizaciones a las que el gobierno le adeuda dinero por servicios ya prestados, mucho antes de que se formalizara el proceso de reorganización de las finanzas públicas gubernamentales. La deuda del gobierno estatal con sus acreedores asciende a $70 mil millones.
“Esta es una situación novel y hay que ir un paso a la vez. Yo invito a todas las oenegés a que no pensemos que no está pasando nada porque sí va a haber situaciones bien difíciles. Muchas veces nos involucramos tanto en dar servicios que nos olvidamos de estas cosas y ahora de lo que hablamos es de la sostenibilidad de nuestras organizaciones”, advirtió Díaz Cotto, quien además lidera los Centros Sor Isolina Ferré.
En el foro se señaló que según va avanzando el proceso de reorganización, se añaden a este nuevas agencias gubernamentales con las que interactúa el Tercer Sector. Esas organizaciones podrían entrar en la lista de acreedores.
| “En el caso de los contratos de servicios, la mayoría de ellos están en lo que se llama contratista no asegurado, por lo tanto, tienen más riesgo de no recibir pago y menos prioridad en la lista”. |
“En términos generales, todo aquel que tenga un contrato con el gobierno estatal teóricamente se convierte en un contratista. En el caso de las oenegés, que tenemos contratos que vienen del fondo general, somos un contratista no asegurado, distinto a los bonistas que tienen unos contratos con claúsulas de seguridad de pago -ya sea porque la constitución o las cláusulas así lo apoyan- y eso le da cierta prioridad en el pago. En el caso de los contratos de servicios, la mayoría de ellos están en lo que se llama contratista no asegurado, por lo tanto, tienen más riesgo de no recibir pago y menos prioridad en la lista”, resumió Díaz Cotto, con relación a la discusión que se suscitó en el foro pasado.
Licenciado Gerardo A. Carlo Artieri
Por otra parte, el licenciado Carlo puntualizó que por tratarse de deudas no aseguradas, las entidades sin fines de lucro podrán recobrar “muy poco, tal vez no más del 10%”, del dinero que el gobierno les debía al momento de presentarse el recurso bajo el Artículo III el pasado 3 de mayo. Con esto alude al orden de prioridades que usualmente se establece en los casos de quiebras para pagarle a los acreedores. Las deudas aseguradas suelen encabezar la lista, entre otras.
“Imagínate, eso sería fatal para una oenegé como las que estábamos en el foro porque nosotros muchas veces financiamos a través de líneas de crédito y usamos luego un reembolso del gobierno. Nosotros no tenemos ese capital y el problema de esto es que el que te prestó, te exige repago y lo que se usaba era el contrato con el gobierno como colateral. Ese colateral ahora está en riesgo de pago, lo que nos pone en una situación muy difícil”, explicó Díaz Cotto.
Dado que ya la jueza Taylor dio sus primeras instrucciones relacionadas, el próximo encuentro de seguimiento espera proveer respuestas concretas sobre el modo en que el proceso afectará el Tercer Sector. “Esperamos que las preguntas que se quedaron sobre la mesa tengan respuestas”, mencionó Díaz Cotto sobre el evento pautado para el 30 mayo.
EL AÑO FISCAL
Ya se acerca el cierre del año fiscal y la adjudicación del nuevo presupuesto general que regirá a las dependencias del gobierno. Como presidente del MUSV, Díaz Cotto indicó que han sostenido reuniones mensuales para discutir el tema con legisladores y con Raúl Maldonado, Secretario de Hacienda.
José Luis Díaz Cotto, principal oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré
y presidente del Movimiento Una Sola Voz.
“La intención del Secretario es pagar antes del 30 de junio todo lo que esté atrasado y que sea visible para el Departamento de Hacienda. Sin embargo, aquí la problemática es que aquellas facturas que están en los programas en cada agencia, Hacienda no las ve porque los sistemas no se hablan”, sostiene, “esa ha sido nuestra lucha de siempre, que nos paguen, pero ahora eso se complica con Título III. Aún cuando ofrecemos servicios de calidad, el gobierno lo ve como si nos diera una dádiva”.
La información sobre el presupuesto general aprobado para el entrante año fiscal es escasa, dadas las circunstancias de que el mismo tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal.
“Estamos haciendo gestiones de abogacía con distintos legisladores y todos prometen, pero la realidad es que ninguno ha visto el presupuesto. Se supone que ya en esta semana o principios de la otra, la junta haya revisado el presupuesto y tengamos una idea más clara. Lo que sí nos dijo el Secretario de Hacienda es que esperemos una reducción de lo poquito que había”, adelantó.
Díaz Cotto agregó que el titular del fisco advirtió que las áreas de propuestas en el fondo legislativo serán restringidas.
