La abogacía y el cabildeo, el reclamo organizado y sustentado, pueden lograrlo. Durante la pasada charla, “Más sabios, más audaces: las organizaciones comunitarias y el cabildeo”, auspiciada por el Instituto del Desarrollo de la Juventud y ofrecida en Puerto Rico por la abogada Sara Martin, de la organización Bolder Advocacy, dos puertorriqueños mostraron ejemplos de abogacía efectiva en nuestro país: Marcos Santana Andújar, de la Red de Albergues e Iris Rosario, profesora adjunta de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La charla estuvo moderada por Ataveyra Medina, directora de Relaciones de Gobierno para las organizaciones Boys & Girls Club e Instituto del Desarrollo de la Juventud. En un aparte con Oenegé, los tres compartieron impresiones sobre el recurso de la abogacía para lograr cambios que mejoren las vidas de las comunidades.
Rosario presentó como ejemplo el modo en el que la participación de ciertos sectores de la comunidad vinculada a la atención y el desarrollo de los menores en el país, impactó la decisión del gobernador Ricardo Rosselló de vetar el Proyecto de la Cámara 1035 y 1036, que buscaba reformar el sistema de justicia juvenil para enmendar las reglas de procedimientos de menores y derogar la Ley de Menores.
“Traté de organizar a la comunidad jurídica que podía emitir una opinión al respecto, entiéndase a los profesores de Derecho Penal y de Derecho de Menores de las Facultades de Derecho del país y eso provocó que participara también en la oposición el Colegio de Abogados y Abogadas, así como miembros de la comunidad en general, líderes comunitarios, padres, trabajadores sociales, líderes de organizaciones que intentan proteger a los menores, ya sea de educación especial o que tengan problemas de salud, etcétera”, explicó la profesora Rosario, quien además señaló que nunca enfrentaron momentos de desánimo.
“La experiencia nos enseñó que es importante, además de hacer un trabajo en los tribunales, tratar de impactar la opinión pública. Si los abogados salimos de los tribunales y también nos unimos a otros miembros de la comunidad en general y tratamos de tener un acercamiento más multidisciplinario a un asunto, es probable que logremos que ciertos temas se instalen como temas importantes en la opinión pública y, por lo tanto, lograr cambios o por lo menos reformas a nivel de política pública”, reconoció la licenciada Rosario que además se desempeña como abogada en la Sociedad para la Asistencia Legal, organización que brinda servicios legales a personas de escasos recursos desde las regiones judiciales en las que está dividida la isla.
“En el Puerto Rico pos María es un deber para cualquier organización sin fines de lucro denunciar cualquier legislación que incida más en la pobreza, aún más de lo que habíamos hecho antes”, opinó Rosario.
INVISIBLES, NO MÁS
En el caso de Santana Andújar, quien fundó la Red de Albergues en el 2013 y aún preside la misma, él mostró varios ejemplos de abogacía en los que se han involucrado. Paciencia y consistencia parecen ser ingredientes principales en la receta para lograr que se contemplaran derechos para menores víctimas secundarias de la violencia de género en la isla, en los reglamentos de la nueva Ley de Adopción y en la preparación de la “Guía de recomendaciones para proteger la niñez en desastres naturales en Puerto Rico”.
“Como estamos en el field, empezamos a recibir niños que se referían por negligencia educativa o tipología de maltrato y en el continuo evolutivo del servicio notábamos que había una manifestación de secuela de la violencia de género”, relata Santana sobre el proyecto para proteger víctimas secundarias de violencia de género.
“Después de identificar los casos, recopilamos nuestra propia data porque uno de los problemas mayores que encontramos fue que no existía política pública que ordenara la recopilación de datos de víctimas secundarias de la violencia de género ni había política pública que lo estableciera como mandato. Así que, empezamos a crear reuniones con legisladores, a exponer el problema en medios regionales y nacionales, esa invisibilidad de esos niños y niñas para el Estado y para las instituciones. Comenzamos a tener reuniones a todos los niveles y no fue hasta que se dio el caso de Ponce, en el que un agresor mató a sus tres niños para vengarse de su expareja, que una legisladora nos llama y empieza a armar un proyecto para prohibir las visitas paterno filiales cuando haya habido una orden de protección”, relata Santana.
En ese momento la organización encendió una mecha, pero su efecto no fue inmediato.
“El proceso de abogacía no es rápido”, acepta Santana. “Es de mucho tiempo y eso hace a veces que las organizaciones estemos un poco renuentes a ella. Pero sin ese proceso no hubiese sido posible identificar recursos ni visibilizar el problema en los medios; la primera vista de ese proyecto toda la prensa la cubrió y estuvimos allí sentados con la Secretaria de la Familia y la Secretaria de Justicia. En el 2014, cuando empezamos con esto, ¿quien pensaría que en el 2017 íbamos a tener sentadas a las voces principales del gobierno hablando del problema? Nada más eso era un paso para nosotros”.
“Parte de lo que tenemos que hacer como Tercer Sector no es solo impulsar a que la gente haga cosas, sino en ocasiones asumir la responsabilidad, hacerlo y nosotros empujar a la agencia a que asuma los modelos que queremos porque son más cercanos a la realidad”. |
La Red de Albergues se insertó, además, en la implementación de reglamentos vinculados a la nueva Ley de Adopción aprobada por el gobernador. “Convocamos una mesa multisectorial y, aunque las alianzas son medio molestosas, a veces son exitosas. Trabajamos unas recomendaciones que fueron integradas a la reglamentación que se va a implementar con la nueva ley de adopción”, relató Santana.
Con relación a la creación de la “Guía de recomendaciones para proteger la niñez en desastres naturales en Puerto Rico”, el líder de la Red de Albergues expresó que sistematizaron el plan de recuperación usado tras el huracán María y adaptaron a Puerto Rico planes globales existentes.
“Ya la presentamos ante el Departamento de la Familia, ASSMCA (Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción) y 104 representantes de albergues y Head Start de la isla. Parte de lo que tenemos que hacer como Tercer Sector no es solo impulsar a que la gente haga cosas, sino en ocasiones asumir la responsabilidad, hacerlo y nosotros empujar a la agencia a que asuma los modelos que queremos porque son más cercanos a la realidad”, declara Santana.
LO HAGO O NO LO HAGO
Justo los tres entrevistados coincidieron en que, en ocasiones, existe temor a realizar esfuerzos de abogacía por parte de organizaciones sin fines de lucro. “Una de las mayores renuencias radica en el miedo a la represalia”, resume la licenciada Ataveyra Medina, “de que te expreses con respecto algún tema y que haya un funcionario al que ese tema no le agrade y luego se afecte el contrato que tienes con esa agencia. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad económica del sector y hace que la relación del sector con el gobierno sea desde la visión de la filantropía tradicional, no necesariamente desde el reclamo o desde la agenda de política pública”.
Medina resalta que los ejemplos presentados durante la charla no son los únicos. “Hay muchos, pero no necesariamente se reconocen como tal porque hay un desconocimiento de lo que está permitido en la ley, y cuando tú te vas a la ley no hay claridad; nuestras leyes no son tan claras como las federales en eso”, indica sobre reglamentaciones del Departamento de Hacienda y del Departamento de Estado.
“Son bien ambiguas, copian algún lenguaje del IRS (Internal Revenue Service) por eso nosotros nos sentimos seguros con usar las fórmulas del IRS (sobre el cabildeo permitido delimitado por las aportaciones gubernamentales recibidas, sin que se afecte el estatus otorgado en la clasificación de organización no gubernamental), porque son compatibles”, expone Medina y agrega que el taller debía aclarar dudas relacionadas.
“… la abogacía es necesaria porque no todo logro se va a obtener necesariamente a través de los tribunales”. |
La abogacía ocasional versus la abogacía continua, dependen de factores como conocimiento, capacidad y recursos.
“El terreno esta fértil (para la abogacía pos huracán María), pero todavía el sector está sobreviviendo y esto requiere organización, te lo digo desde la experiencia de (movimiento) Una sola voz, estamos todo el año llevando abogacía en la Legislatura, pero más allá de la directiva, el resto de las organizaciones hacen una abogacía reactiva no es proactiva. Esto también requiere recursos y los directores ejecutivos no van a tener tiempo de llevar el sombrero de política pública y de la abogacía cuando al mismo tiempo tienen que administrar una organización con pocos recursos. Las organizaciones mismas deben reconocer la importancia de ser proactivos en vez de reactivos”, puntualiza Medina.
Por su parte, la profesora Rosario descarta que la abogacía sea “una cosa opcional”.
“Tal cual se definió en el seminario, la abogacía es necesaria porque no todo logro se va a obtener necesariamente a través de los tribunales”, alerta Rosario.
“Mediante un ejercicio de la abogacía primero se debe tratar de impactar la opinión pública y, después, a su vez, tratar de cambiar la percepción de los legisladores y por ende la política pública. La abogacía tiene que existir y es algo que las organizaciones sin fines de lucro tienen que hacer”, agrega Rosario quien coincide en que el temor de los líderes del Tercer Sector a expresar opiniones sobre asuntos importantes para impactar la opinión pública y por ello ver reducidos sus fondos gubernamentales para operar “opera como un disuasivo”.
“Hay mucho temor”, reconoce también Marcos Santana, presidente de la Red de Albergues. “Los funders estatales les han dicho -y hasta se escribe en acuerdos que se firman- que no pueden hacer cabildeo y la mayoría de las organizaciones reciben el 100% de sus presupuestos del gobierno. Hay cierta confusión y miedo, pero nada más el hecho de levantarnos y decir “en Humacao tenemos un problema de…” eso ya es abogacía y nuestro trabajo no tendría sentido si no abogamos por aquellos que acompañamos”.
Santana insistió en que la abogacía logra que se les dé una mirada a las poblaciones que atienden. “Y en nuestro caso que se acompañen las voces de los niños, nosotros no somos su voz, nosotros facilitamos un proceso donde su voz pueda ser magnificada en los espacios de toma de decisión. Y esa voz es fuerte”, acaba Santana.
Fotos: Suministradas