El Gobierno de Puerto Rico presentó, ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, una solicitud de reconsideración que  tampoco fue favorable para la isla. Volvieron a la carga ante el Tribunal Supremo y el pasado 21 de agosto, el gobierno  presentó un recurso de certiorari para que se reconsidere la petición, apuntando al estado de indefensión en que queda la isla si no puede reestructurarse económicamente.

Ante esta situación y con el deseo de dar un paso al frente en pro del país, un grupo de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro radicó un denominado “amicus curiae” o "amigos de la corte", mediante el que,  solicita que se declare válida la llamada ley de “Quiebra Criolla”. Las instituciones argumentan que la restructuración de la deuda es fundamental para lograr frenar el deterioro económico del país, pues es el Tercer Sector el más afectado en una economía débil y de continuo debilitamiento.

El Tercer Sector es una importante red de apoyo social en la sociedad. El año pasado sirvió a 700 mil personas alrededor de la isla, según consignó el Estudio de las Organizaciones sin fines de lucro 2014-2015, que preparó la firma Estudios Técnicos.

El documento "amigos de la corte" fue presentado por la Fundación Ángel Ramos, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Miranda Foundation y Titin Foundation. Se unieron a ellas las siguientes organizaciones sin fines de lucro: Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc.; Fundación Síndrome Down; Corporación de la Fondita de Jesús; Asesores Financieros Comunitarios, Inc.; Crearte, Inc.; Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS), Inc.; Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis, Inc.; Politécnico Amigó, Inc.; Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc.; y, Proyecto Nacer, Inc.

"Hay varias motivaciones para hacer esto pero, la principal, es que todos somos puertorriqueños y en un momento difícil como este todos tenemos que dar la cara por Puerto Rico", afirmó Lourdes Miranda, presidenta de Miranda Foundation.

"Como fundaciones somos líderes del Tercer Sector, así que se convierte en una responsabilidad dar el frente…", alertó Miranda.

"Las fundaciones estamos unidas porque entendemos que Puerto Rico está sumido en una enorme crisis económica y es imprescindible volver a una economía sostenible y de crecimiento. De continuar la economía en la espiral de descenso, el segmento más afectado será el Tercer Sector y las organizaciones sin fines de lucro", explicó Rafael Cortés Dapena, presidente de la Fundación Ángel Ramos.

El Lcdo. Cortés Dapena destacó que una economía deteriorada, significa para las organizaciones sin fines de lucro "menos fondos disponibles del gobierno, pagos tardíos, y mucho menos donativos legislativos, corporativos e individuales". "Las clases pobres y marginadas serán las más afectadas", insiste el presidente de la Fundación Ángel Ramos.

Por su parte, el Lcdo. Alfredo Martínez Álvarez, presidente de Titín Foundation, resaltó que en el panorama actual "Puerto Rico está desprovisto de un mecanismo que ordenadamente le permita poner sus finanzas al día". 

"Por un lado, el Tribunal Federal nos dice que ya hay una ley de quiebra para los estados, así que Puerto Rico no puede hacer su propia ley, pero por el otro me dice que para Puerto Rico no existe esa ley de quiebra federal. Eso nos deja en el limbo…",  explica Martínez.

"Me parece que si el Tribunal Supremo decide que no aplica la ley de Quiebra Criolla se estaría discriminando con nosotros que somos ciudadanos americanos viviendo en Puerto Rico, estaríamos siendo marginados y segregados", agregó el Presidente de Titín Foundation, quien prefirió no anticiparse a los posibles efectos del documento.

 Si no se establece una estructura jurídica que guíe la restructuración de la deuda publica, lo que habrá será un caos total. Cada grupo de acreedores demandará en las cortes federales y estatales resultando en  multiplicidad de pleitos y de embargos", indica el Lcdo. Cortés Dapena.

"Renegociar $72 billones con múltiples acreedores es imposible sin un ordenamiento jurídico", anticipó Cortés. Por daños se litigará quién prevalece, qué ley prevalece, cuál es el orden de prioridades y cómo reorganizar las deudas con miras a que Puerto Rico pueda pagarlas en el futuro".

En el caso del Dr. Nelson Colón Tarrats, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, éste indicó que “es imperativo que Puerto Rico regrese a una economía estable y de crecimiento. La reestructuración de la deuda es un paso importante en esa dirección. Se convierte en un asunto de igualdad ante la ley cuando los ciudadanos y jurisdicciones tienen el derecho a reestructurar su deuda y Puerto Rico no”, puntualizó Colón.

CIERRAN FILAS

Las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a los mas necesitados en nuestro país, y los cuales muchas veces el Gobierno es incapaz de brindar, perciben la gestión como una oportunidad crucial de cerrar filas con Puerto Rico.

"Más allá del trabajo que hacemos para fortalecer las organizaciones sin fines, este es un asunto que nos atañe a todos. Este es buen momento para unirnos todas las organizaciones  porque el país nos necesita juntos", aseveró Sonia Carrasquillo, directora ejecutiva de Asesores Financieros Comunitarios.

De otra parte, la directora ejecutiva de la Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis, Carmen J. Collazo, resaltó que en momentos en los que nos faltan fondos  el orden de prioridades necesariamente se altera. "Nosotros estamos ayudando a los más necesitados y eso pasa a la última prioridad", subrayó Collazo.

"El Tercer Sector juega un papel bien importante en la economía de nuestro país y se ha visto impactado con esta situación económica. Lamentablemente, dependemos de muchas subvenciones del Gobierno y de donaciones privadas. Los costos de los artículos aumentan y, por otro lado, nos tardamos mucho más en cobrar el dinero por servicios prestados que viene de las subvenciones. El flujo de dinero se está tardando en llegar entre tres, seis meses y, en algunas sin fines de lucro, hasta un año. Las que no están sólidas podrían cerrar sus puertas y ¿quién va a atender sus comunidades?", cuestionó Collazo.

La directora de la Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis afirma que apoyan el documento "amigos de la corte" porque "es muy importante ser parte de la solución del problema".